Nada ilustra mejor el irreparable daño que ha provocado a nuestra cultura política la existencia del artículo 55 de la Constitución, que otorga poderes casi cesáreos al Presidente de la República, que el alboroto armado por la decisión de tres generales de la Policía Nacional de pedir al presidente Leonel Fernández que deje sin efecto sus retiros, por entender que en sus casos se violó la ley orgánica de la institución que establece que para colocar en retiro a un general este debe haber cumplido los 60 años de edad, haber cometido una falta grave o haberla solicitado personalmente. En el caso de los generales «en rebeldía», como se les ha llamado, no se cumplieron ninguno de esos requisitos. ¿Podemos pedirle que acepten resignadamente que una errada interpretación de las potestades que concede al mandatario el artículo de marras destruya, de un plumazo, sus carreras? Esos generales tienen derecho a recurrir, sin que se les crucifique en el intento, a los mecanismos que nuestro ordenamiento jurídico pone a su disposición si entienden que se han violado sus derechos, como llevar su caso ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Hay que hacer un show -con golpes de pecho incluídos- por eso? Así funciona, simplemente, la democracia.

Copiando lo malo

Conocida la capacidad de las nuevas autoridades de copiar algunas prácticas, muy cuestionables, de la pasada administración, como el nombramiento de decenas de sub secretarios de Estado al margen de la ley orgánica de esas dependencias, no es de extrañar entonces que se repitan también algunos atropellos, siempre innecesarios. En el año 2,000, cuando la aplanadora perredeísta tomó por asalto la «cosa pública» se llevó de encuentro a miles de empleados incorporados, con todos los periquitos de la ley, a la carrera administrativa. Consumado el hecho, los perredeístas se olvidaron del asunto y se dedicaron a disfrutar su fiesta, hasta que la derrota electoral los hizo caer en la cuenta de que era pa»fuera que iban. La carrera administrativa se convirtió así en el refugio de miles de compañeros a los que se quiso proteger de una previsible cancelación, como ocurrió en la secretaría de Educación. Alejandrina Germán, empeñada en poner las cosas en su lugar, ha dejado sin efecto muchas de esas incorporaciones, pero ha sacado del globo a gente que tiene derecho a estar ahí. Es el caso de Paulino Ogando y Ramón Antonio Mejía Guzmán, ambos con una larga hoja de servicios -fácil de comprobar- a la educación. ¿Sería mucho pedir que se revisen sus casos?

Competencia desleal

Como era de esperar en un país donde todo el mundo tiene algo que opinar, no importa de lo que se trate o si se tiene concimiento cierto sobre la materia, han llovido las propuestas para mejorar la eficacia de la Policía Nacional en su lucha a muerte, nunca mejor dicho, contra la delincuencia. Muchas de esas propuestas, justo es decirlo, son perfectamente aplicables, individualmente o combinando unas y otras, por lo que valdría la pena considerarlas seriamente. El problema es que todas esas ideas que se han propuesto necesitan, si las aplicamos, un tiempo razonable para saber si funcionan o no, cuando hay tareas pendientes que no pueden esperar mas. ¿Por ejemplo? Una profunda y amplia depuración, de arriba abajo, de sus miembros, que permita extirpar de ese cuerpo a los delincuentes uniformados que, amparados en su privilegiada condición, ejercen a sus anchas una desleal competencia -valga la ironía- en perjuicio de aquellos a quienes están llamados a combatir sin pausas ni treguas.