La «intervención» del síndico Roberto Salcedo en el área verde del kilómetro 9 de la autopista Duarte, convertida impunemente en una arrabalizada parada de guaguas, no solo será -como asegura el ejecutivo municipal- una de las más importantes de su gestión, sino que podría convertirse también en el mayor obstáculo al que se enfrente y, si se descuida, su peor dolor de cabeza. Antonio Marte, mandamás de la Central Nacional de Transporte (CONATRA) y presidente del sindicato que agrupa a las guaguas que viajan desde esa parada hacia las 14 provincias del Cibao, admite que ciertamente esos terrenos, que lleva ocupando ilegalmente más de 30 años, pertenecen al cabildo capitaleño, pero retó a Salcedo -«a cualquier hora del día o la noche»- a que vaya a ocuparlos por la fuerza. Tratándose de Antonio Marte, a quien hay que reconocer una incuestionable capacidad para perturbar el orden público, lo aconsejable es tomar en serio, pero más que nada con prudencia, su abierto desafío a la autoridad del síndico del Distrito Nacional, que confiamos no se dejará provocar por el imprevisto lance.

Riesgos calculados

Cada vez que se difunde una cuña comercial sobre bebidas alcohólicas en un medio de comunicación, sea en la prensa, la radio o la televisión, se verá, oirá o leerá una coletilla advirtiendo que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede ser perjudicial para la salud. Esa advertencia, que los fabricantes están obligados por ley a incluir no solo en las etiquetas sino también en la publicidad de sus productos, busca crear conciencia sobre el riesgo al que se exponen quienes consuman esos productos de manera imprudente o irracional. Quienes organizaron el concurso de ingestión de tequila, en el que se ofrecía un premio de 10 mil pesos al ganador, eran perfectamente conscientes, porque no viven en otro planeta, del peligro que corrían los jóvenes que participaban, como lo eran también los gerentes del establecimiento donde se realizó al igual que los propios participantes, dos de los cuales perdieron la vida. Que nuestro sistema de justicia, sin precedentes en casos como ese, sea capaz de llegar -como se dice siempre- hasta las últimas consecuencias es una cosa, y otra muy distinta que los involucrados en tan triste episodio aleguen ahora, de forma irresponsable, que ignoraban que el jueguito podía terminar tan mal como terminó.

Tragedia anunciada

El mismo día que el presidente Leonel Fernández revela desde Madrid que desde el pasado mes de enero tenía conocimiento del hacinamiento y las deplorables condiciones físicas de la cárcel de Higuey, por lo que convino con el obispo de la Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, monseñor Nicanor Peña, construir un nuevo recinto carcelario, el doctor Francisco Domínguez Brito confiesa a los periodistas que las investigaciones realizadas hasta hora permiten establecer que la tragedia del pasado domingo, en la que murieron 135 reclusos, se veía venir desde hacía tiempo, dada la feroz rivalidad de las bandas encerradas en la misma celda. El presidente Fernández, al igual que el Procurador General de la República, solo están confirmando lo que en Higuey es un convencimiento generalizado: que se trató de una tragedia harto anunciada, que desgraciadamente -como ocurre tantas veces en un país donde la desidia es política de Estado- nadie movió un dedo por evitar.