¿Es legal un desalojo que se ejecuta pasadas las dos de la madrugada y sin que esté presente un representante del Ministerio Público?  Se trata, desde luego, de una pregunta  retórica, pues lo que está a la vista no necesita espejuelos ni que venga un notario público a certificarlo. Pero eso fue lo que ocurrió la madrugada del domingo en Los Cerros de Las Américas,  frente a Ciudad Juan Bosch (para que se ubiquen), donde pasadas las dos de la mañana se presentó un contingente policial  a ejecutar un desalojo, lo que provocó un despelote que   degeneró  en un violento enfrentamiento  en el que murió de un balazo en la cabeza un oficial de la Fuerza  Aérea y otras ocho personas, seis hombres y dos mujeres, resultaron heridas de perdigones. La versión de la Policía es que sus agentes “se vieron en la necesidad de ripostar la agresión” a palos y pedradas de personas que se encontraban en el lugar, lo que fue desmentido por los lugareños, que alegan  se encontraban  dormidos cuando llegó la Policía a tumbarles sus casitas. El caso es investigado por una “comisión de alto nivel” de la que forman parte la Policía, el Ministerio Público y la Fuerza Aérea, que integran el Inspector Policial, general Rafael Cabrera Sarita; el director de Asuntos Internos, general Héctor Cuevas; el general Ciriano Núñez, director de Prevención Policial; el Inspector General de la FARD, general Nelson Moquete Checo, y un representante del Ministerio Público. Es en este momento cuando  hay que preguntar  si entre tanta gente no se pisarán  los callos unos a otros sin llegar a ninguna parte, pues  no  parece necesaria una comisión tan numerosa, ni de tan alto nivel, para determinar que esos policías  actuaron al margen de la ley. Como también hay que preguntar si sus miembros están conscientes de  que, como consecuencia de esa acción ilegal,  hay seis niños en la orfandad y una viuda desconsolada  que no acaba de asimilar la terrible noticia que le cambió la vida para siempre.