En la tradición política criolla, profundamente enraizada en el autoritarismo, se asume como una verdad absoluta que a un Presidente de la República no se le puede dar un no por respuesta, mucho menos llevarle la contraria. Nada tiene de extraño, entonces, que el Coordinador Nacional de Participación Ciudadana, el doctor Luis Shecker Ortiz, dijera estar dispuesto a ser paciente con el gobierno a pesar de las pocas pruebas ofrecidas hasta ahora de su interés en emprender una lucha seria contra la corrupción administrativa, tal y como solicitara el día anterior el presidente Leonel Fernández. Sería interesante saber, sin embargo, cuál hubiera sido la respuesta del doctor Shecker Ortiz si hubiese sabido que al mismo tiempo que pide paciencia a quienes reclaman acciones concretas contra la corrupción el gobierno revoca los contratos de los abogados que, en nombre del Estado, lo representan en el caso PEME, un gesto que, en el contexto actual, solo puede ser interpretado como otra muestra mas del poco interés que existe en que la Justicia conozca un caso en el que figuran como principales acusados importantes funcionarios de la presente administración.

Indirectas

Pasados los efectos de la fugaz tormenta provocada por el agrio encontronazo protagonizado, en pleno hemiciclo, por los senadores perredeístas Tonty Rutinel y Hernani Salazar, vale la pena detenerse, así sea brevemente, en algunas cosas que allí se dijeron que han dejado a mucha gente «en el aire». Y no tanto por la previsible «descarga» del soliviantado Rutinel Domínguez contra el senador por San Francisco de Macorís, a quien volvió a acusar de lograr su curul «de forma no convencional», sino por la sorpresiva respuesta conque se despachó Salazar, quien tranquilamente dijo estar dispuesto a someterse al juicio disciplinario que propone Rutinel Domínguez, siempre y cuando el pleno apruebe también que los legisladores se sometan a una prueba antidoping y a una evaluación psiquiátrica. ¿Qué habrá querido decir?

Prueba de fuego

Hasta ahora parece que el gobierno se mantiene firme en su empeño de seguir, al pie de la letra, el Plan de Recuperación del Sector Eléctrico diseñado por sus técnicos, que en su aplicación práctica se ha traducido en apagones mucho más largos -de diez a quince horas promedio- para los barrios pobres, precisamente los que menos pagan, o no pagan absolutamente nada, por el servicio. Esa situación no tardará en convertirse en un problema de orden público, conocida la proclividad de nuestros pobres a protestar en forma violenta cuando las crisis del suministro energético se tornan insoportables, pero servirá también para determinar qué tan firme es el propósito de las autoridades -tan sensibles cuando se trata de la seguridad pública o la frágil gobernabilidad- de dar más energía a quienes más pagan por ella, consolidando de paso la sostenibilidad de un sector imprescindible para alcanzar el desarrollo y la modernidad que nos aguardan al final del camino como si se tratara de la tierra prometida.