Puede ser que en este país donde vivimos no constituya ningún delito que un legislador, sea senador o diputado, venda al mejor postor las dos exoneraciones que le «tocan» por cada período, aunque esas exoneraciones las reciba gracias a una ley que tuvieron la previsión de aprobar, en su propio beneficio, esos mismos legisladores. En este caso la costumbre, o mejor dicho la mala costumbre, ha terminado sustituyendo a la ley, por lo que habrá que aceptar como buena y válida la explicación ofrecida por el vicepresidente del Senado, César Matías, al hecho de que el vehículo propiedad del principal acusado por el alijo de 1,387 kilos de cocaína incautado por la DNCD, el ex capitán del Ejército Nacional Quirino Ernesto Paulino Castillo, esté a nombre de un Senador de la República. Lo que nadie puede garantizarle al vehemente Yayo Matías, quien se ha mostrado dispuesto a despojarse -incluso- de su inmunidad parlamentaria para que se investiguen sus actividades, es que las autoridades norteamericanas, que ya solicitaron la extradición de Paulino Castillo para que sea juzgado en una corte de Nueva York, se muestren tan comprensivas como nosotros con esas dominicanadas.

Ni hacen ni dejan hacer

Aunque asumieron los costos de terminación y equipamiento de la edificación de la Escuela Rural Potroso, en Elías Piña, los directivos de la empresa Agroforestal Macapi aún no han podido poner el primer clavo. ¿La razón? La Fundación Contra el Hambre, una institución sin fines de lucro con asiento en la zona, se opone tajantemente a que los empresarios realicen la obra, con el argumento de que es a esa entidad a la que corresponde esa tarea. Los ingenieros de la empresa, sensibilizados por un reportaje publicado el pasado año por este diario en el que se mostraban las precarias condiciones del local que aloja la escuela, tienen ya todo listo, pero no se atreven a empezar por temor a verse envueltos en un conflicto desagradable. Mientras esa fundación encuentra la forma de explicarle al país porqué no quiere que otros hagan lo que ella no está en capacidad de hacer, los niños de Potroso siguen sin disfrutar de su derecho a recibir docencia en una escuela que no sea una verguenza para la educación pública dominicana.¡Qué país tan complicado!

Limbo inmobiliario

Ojalá alguien se anime a explicar lo que realmente sucede con el Proyecto de Ley sobre Registro Inmobiliario, actualmente en manos del presidente del Senado, Andrés Bautista García, luego de que la Comisión de Justicia de la Cámara Alta rindiera un informe favorable a su aprobación, lo que efectivamente hicieron los senadores, en primera lectura, el pasado 21 de diciembre. Sobre todo después de la advertencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Subero Issa, de que la no aprobación de ese proyecto podría obligar al país a devolver por lo menos un 70% de los US$34 millones que el BID ya desembolsó, destinados a financiar un ambicioso programa de reforma y modernización de la jurisdicción de tierras. Andrés Bautista declaró el otro día, a propósito del inexplicable limbo al que ha ido a parar el proyecto, que este adolece de una serie de vicios, errores y lagunas, incluidos aspectos «inconstitucionales», pero aún así no lo incluyó en agenda para proceder, junto a sus colegas, a corregir lo que se objeta o entra en contradicción con la Constitución. ¿No les parece que hay algo que no cuadra?