Tanto se ha dicho y repetido que lo que pasó el domingo no tiene precedente, que es algo inédito  en nuestra sobresaltada vida democrática, que hasta en el más apartado rincón de la República saben ya que estamos ante un hecho histórico,  aunque es seguro que muchos de sus protagonistas hubieran preferido no ingresar a la posteridad   por la puerta del patio y dejando tiradas en el camino honras y reputaciones muy bien ganadas. Cierto es, como señaló el candidato  presidencial del PRM Luis Abinader, que la JCE fracasó en el montaje de las elecciones, pero cierto es  también que la hicieron fracasar, lo  q ue  dirigentes políticos tanto del oficialismo como de la oposición han coincidido en calificar  de sabotaje. Eso no quiere decir que el órgano electoral esté exento de culpa, pues ha sido su empecinamiento en utilizar, contra advertencias y malos pronósticos, el famoso voto automatizado, lo que nos ha metido en este embrollo, del que evidentemente  hay un responsable al que debe  hacérsele  pagar por su delito, pues  ha obligado a tirar por el desaguadero miles de millones de pesos de dinero público. Por eso es tan importante que la investigación  que determinará esas responsabilidades  pueda realmente llegar, como se dice siempre, hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga, lo que no podría ser posible si la JCE, que se sospecha fue infiltrada  o que algún miembro  de su personal actuó como cómplice, se investiga a sí misma.   ¿No sería mejor que lo hiciera la Procuraduría  General, responsable de investigar los delitos electorales? ¿O debería hacerla  el IFES, como solicitaron ayer  partidos de oposición? En lo que se determina quién y cómo se hará esa pesquisa,  toca a nuestro liderazgo político ocuparse de la tarea mas urgente: ponerse de acuerdo para superar sin mayores traumas  este vergonzoso tropezón, que si bien no hará sucumbir nuestra frágil democracia nos ha recordado que sus peores enemigos duermen bajo su mismo techo.