En Ecuador, ese turbio espejo en el que nadie quisiera mirarse, ya no quieren a los políticos. A ninguno. «Que se vayan todos», es el nuevo grito de guerra del llamado «Movimiento Foragido», integrado por distintos sectores sociales ecuatorianos, responsable directo de la salida del poder del ex presidente Lucio Gutiérrez. En medio de ese panorama de caos y disolución, pero sobre todo de un sistema político que se derrumba a ojos vista, el religioso Eduardo Salgado, uno de los líderes de los «foragidos», acaba de exigir al presidente Alfredo Palacio la convocatoria de una Asamblea Constituyente y una Asamblea Popular, para que sea el pueblo el que determine «los cambios que requiere el país». Por supuesto, Ecuador no llegó hasta el borde del abismo de un día para otro, sino gracias a un gradual pero consistente proceso de envilecimiento de la vida pública e institucional patrocinado por una clase política inescrupulosa y medularmente incompetente, a no ser para saciar sus voraces apetitos. Por eso los políticos no caben ya en una sociedad que se cansó de amamantarlos sin recibir nada a cambio, y que precisamente por eso se muestra tan dispuesta a seguir adelante sin ellos. Aunque el precio a pagar sea otro Hugo Chávez o un incierto salto a lo desconocido.

Beneplácito

Hay que decirlo sin rodeos, para que se entienda con total claridad: si el doctor Sabino Báez, secretario de Salud Pública, quiere ser un interlocutor válido y eficaz, en capacidad plena de sentarse a discutir con los dirigentes del Colegio Médico Dominicano una salida razonable al inacabable conflicto que ha desatado la demanda salarial de los médicos, debe bajar el tono amenazador de su discurso, dejar a un lado la arrogancia que solo pone obstáculos en el camino hacia el entendimiento. Aunque llega bastante tarde, la decisión del gobierno de integrar una comisión, en la que además del secretario de Salud Pública participa monseñor Agripino Núñez Collado, nuestro más experimentado deshacedor de entuertos, para dialogar con los médicos solo puede ser recibida con beneplácito, considerando que el país no puede pasarse la vida con sus hospitales públicos afectados por paros intermitentes, con todos los trastornos que eso supone, y un gobierno haciéndose el desentendido, de manera irresponsable, ante un conflicto que está obligado a enfrentar y resolver para beneficio y tranquilidad de todos.

De policías y bandidos

El debate sobre la delincuencia y la violencia que la acompaña será siempre insuficiente mientras se circunscriba a discutir la validez o no de las redadas policiales en los barrios como método eficaz para combatirla, aunque esté fuera de discusión que en esa receta hay que incluir también educación, oportunidades de empleo y recreación sana y constructiva para la gente de esos barrios si queremos aproximarnos a soluciones realistas y duraderas para enfrentar una realidad social ciertamente perturbadora. Y es que son demasiadas la aristas a considerar si queremos llegar a entender por lo menos un problema tan complejo como actual, como por ejemplo el papel que desempeña la Policía, socialmente responsable de combatirla, en el incremento de la misma delincuencia a la que se supone persigue, ya sea como cómplice o haciéndose de la vista gorda a cambio de un peaje o, como el caso de un cabo en Jarabacoa expulsado de manera deshonrosa de las filas del cuerpo del orden, que se dedicaba a construir escopetas artesanales, las llamadas «chagones», para venderlas a precio módico a los tígueres del barrio.