El gobierno insiste, a través del secretario de Interior y Policía, el doctor Franklyn Almeyda, en que existen aprestos de sectores políticos, concretamente del PPH, para alterar la paz pública, al extremo de señalar los nombres de dos senadores de la república a los que atribuye, incluso, haber repartido dinero para financiar las acciones de los revoltosos. La denuncia, que ya ha sido desmentida y calificada de injuriosa por los aludidos, es lo suficientemente grave como para que se le exija al doctor Almeyda que aporte las pruebas en las que se fundamenta, asumiendo que a un funcionario de su categoría, con responsabilidades muy concretas respecto a la seguridad ciudadana, no le queda bien hacer acusaciones tan serias y que todo se quede en una simple denuncia. A menos que el secretario de Interior y Policía esté hablando, hasta que demuestre lo contrario, de un fantasma que solo existe en su fértil imaginación.

 Macuteo

Se trata sin duda del cuento de nunca acabar, pues el macuteo en el aeropuerto Las Américas, a pesar de las medidas puestas en práctica por las distintas autoridades al frente de la Dirección General de Aduanas, incluída la colocación de cámaras de vigilancia interna, no tiene acabadera. En apenas dos días el licenciado Miguel Cocco ha dispuesto la cancelación o suspensión, por alegada extorsión a pasajeros que llegan a esa terminal, de más de veinte empleados, entre los que figura personal de revisión de equipajes y seguridad, tanto del Ejército Nacional como de la Policía, así como miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Cocco, conocido por la vehemencia conque asume sus causas, ha prometido que será implacable con los macuteadores, pero es probable que esa advertencia resulte insuficiente para contener una práctica que, al igual que el merengue, parecería que la llevamos en la sangre.

 Vuelta a la normalidad

Ojalá que alguien en la secretaría de Educación pueda explicar lo que realmente ocurrió con el anunciado cierre de la escuela piloto de Loma del Chivo, posteriormente desmentido por las propias autoridades educativas, incluida su directora, quien también estuvo presente en la rueda de prensa convocada el día anterior para anunciar, junto a dirigentes comunitarios y padres de los alumnos, su cierre definitivo, para no seguir exponiendo a los estudiantes a las tropelías de la delincuencia que opera a sus anchas en los alrededores del plantel. Sobre todo porque a la profesora Dinorah Muñoz se le vio muy nerviosa cuando conversó con los periodistas de este diario, a los que explicó -y así salió publicado- que la suspensión de docencia obedecía a una razón absolutamente justificable: «no queremos que muera un niño para después buscarle solución a la situación». Ahora resulta, según ese «desmentido», que el cierre nunca se produjo y que las labores educativas continuarán con total normalidad. ¿Habrán mudado la escuela para otra parte?