El diputado Pelegrín Castillo ha puesto el dedo sobre una llaga particularmente dolorosa al cuestionar la independencia del Congreso Nacional, cuya voluntad está sujeta, según el legislador de la Fuerza Nacional Progresista, a los intereses coyunturales de los jefes de los partidos, el Presidente de la República, los distintos grupos económicos que gravitan en la vida nacional y hasta de las embajadas extranjeras acreditadas en el país. Las afirmaciones del doctor Castillo, sustentadas -a su decir- en una experiencia de una década de afanes congresionales, traerá la previsible reacción de rechazo de muchos de sus colegas, y de seguro le granjeará alguna que otra malquerencia. Pero ojalá sirviera de excusa para generar un debate abierto, participativo y crítico, que nos obligue a replantearnos la validez del rol que desempeñan nuestros legisladores, cada vez más ajenos al compromiso de representar los intereses de los electores que han depositado sus votos por ellos y sus partidos.

Del dicho al hecho

Todo el que quiera hacer balance de lo que ha sido, hasta el momento, el primer mes de gobierno del PLD, está en libertad de hacerlo, siempre y cuando acepte que 30 días es muy poco tiempo para cualquier evaluación que aspire a tener alguna validez práctica. Eso no quiere decir, sin embargo, que en ese tiempo no haya sido posible establecer que las nuevas autoridades recibieron una administración pública convertida en un cascarón vacío, carente de recursos hasta para atender sus necesidades más elementales, lo que explica el lento arranque del gobierno en muchas áreas -como la salud, por ejemplo- que se entiende vitales. Sí han sido abundantes, en ese lapso tan breve, las denuncias de irregularidades en las distintas dependencias del Estado, en algunos casos francamente escandalosas, como si hiciera falta recordarnos que cada cuatro años estamos condenados a escuchar más o menos las mismas denuncias pero con distintos protagonistas. Solo falta saber si, cumplido ese primer mes, los nuevos responsables de la cosa pública seguirán estrujándonos en la cara, como una cansona retahíla de agravios, todas esas irregularidades, o si van a pasar de los medios de comunicación a los tribunales.

Sin comentarios

El jefe de la Policía Nacional, el mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, se mostró ayer partidario de que el Congreso Nacional apruebe una ley que permita a esa institución utilizar los bienes retenidos a los condenados por actos criminales en su lucha contra la delincuencia. El jefe policial, quien también es abogado, parece estar convencido de que esa es la única forma de que la institución disponga de los ingentes recursos que necesita para garantizar la paz ciudadana y mantener a raya a una delincuencia que no se detiene ante nada ni ante nadie. Después de todo lo visto y oído -como dice Susana Morillo- en torno al escándalo provocado por la utilización, por parte de oficiales de la Policía, de los vehículos de lujo recuperados, y teniendo en cuenta la experiencia vivida con el Consejo Nacional de Drogas, facultado por ley a disponer de los bienes incautados a los narcotraficantes, cualquier comentario sobre la propuesta del correcto oficial sale sobrando. Saque usted sus propias conclusiones.