Después del precedente establecido por la secretaría de Estado de Cultura al otorgar una dispensa de un millón de pesos al grupo Aventura para levantarle la sanción que le prohibía presentarse en los escenarios dominicanos durante todo un año, mucha gente debe estarse preguntando si estas son las primeras señales de lo que será el nuevo rol de ese importante ministerio, que hasta ayer se ignoraba que tuviese facultades legales y constitucionales tanto para imponer una sación tan drástica a la popular agrupación juvenil como para cobrarle la exorbitante multa con la que se pretende dejar sin efecto el castigo. Es de esperar que el licenciado José Rafael Lantigua, a quien resulta difícil asociar a semejante desaguisado, encuentre una explicación más satisfactoria que la ofrecida hasta ahora, pues pretender que el destino que se dará a esos fondos -Cultura dice que los utilizará en programas de acción artística y cultural en favor de los niños- justifica una decisión viciada de ilegalidad es sencillamente inadmisible. Asumir que el fin, en este o cualquier otro caso, justifica los medios empleados, es demasiado peligroso, mucho mas cuando lo que se quiere sacrificar, con tan cultural desparpajo, es el debido respeto al ordenamiento jurídico dominicano.

 Escaramuzas políticas

Debe ser una de las escaramuzas políticas de más corta duración que registre la historia de las inacabables garatas nacionales, pero eso no quiere decir que se subestinen los alcances e implicaciones de la «rebelión» del Senado de la República, aunque apenas durase 24 horas. La decisión del presidente Leonel Fernández de convocar de inmediato a los insurrectos al Palacio Nacional para escuchar, de labios de los propios quejosos, los motivos de la querella, ha sido interpretada como un gesto de debilidad por observadores de la vida nacional, pero no hay dudas que los senadores fueron sacados de balance por una maniobra que los dejó sin argumentos ni motivos para seguir adelante con su perturbadora guerrilla. Que esa «debilidad» tenga repercusiones negativas para las futuras relaciones Gobierno-Congreso está por verse, por lo menos mientras no se conozcan los verdaderos alcances del arreglo pactado en el Palacio Nacional. Concedamos al presidente Fernández el mérito de esta merecida victoria de la sensatez sobre el termocefalismo anidado en la Cámara Alta, confiados en que no nos salga demasiado caro el armisticio firmado con los soliviantados senadores.

 Quirino plus

En la medida que las autoridades profundizan las indagatorias, en un esfuerzo por determinar cómo y bajo responsabilidad de quién ingresó al Ejército Nacional Quirino Paulino Castillo, procesado en una corte de Nueva York acusado de varios cargos criminales, se hacen más patentes los niveles de degradación a los que se sometió el procedimiento de ingreso a nuestras Fuerzas Armadas. Siete familiares y allegados suyos consiguió enganchar al Ejército Nacional Paulino Castillo, según revelara ayer el secretario de las Fuerzas Armadas, el almirante Sigfrido Pared Pérez, coincidencialmente el mismo día que el director del Instituto Dominicano de Recursos Hidraulicos, el ingeniero Frank Rodriguez, informaba a la nación que en la finca propiedad de Quirino en Elías Piña las autoridades pasadas construían una laguna a un costo de 6 millones de pesos. Pared Pérez insiste en que Paulino Castillo no fue un verdadero oficial, pues nunca tuvo a su cargo funciones específicas ni cobró sueldo alguno. «Quirino, de guardia, solo tenía el uniforme», no se cansa de repetir. ¿Pero acaso necesitaba algo más?