Una patrulla de la Policía Nacional mató el domingo en la noche en Cotuí a un hombre acusado de secuestrar, golpear y violar a una niña de tres años, luego de enfrentar con un arma de fabricación artesanal a los agentes que intentaron apresarle. La versión de la Policía dice que José Luis Rodríguez, de 24 años, secuestró a la niña y la llevó a su vivienda, donde la golpeó hasta dejarla en estado de coma profundo, condición en la que todavía permanece en el hospital público Inmaculada Concepción de Cotuí. La escueta nota de El Nacional, calzada con la firma del corresponsal Ramón Antonio Salcedo, no explica las razones -o sinrazones- del acto de barbarie, ni los nombres de los padres de la menor ni dónde estaban al momento de la tragedia, como si esos detalles salieran sobrando en medio del horror en el que vive -si eso es vivir- esta sociedad. ¿Hasta dónde llegaremos?

Los innombrables

  Roberto Santana, director de la Escuela Nacional Penitenciaria, denunció la pasada semana que «sectores poderosos» están boicoteando la tímida reforma penitenciaria que intenta echar adelante el Gobierno a través de la Procuraduría General de la República, boicot que acaba de confirmar el coordinador de la Pastoral Penitenciaria, Fray Arístides Jiménez Richardson, que igualmente lo atribuye a «gente con autoridad» en capacidad de hacer naufragar, desde su nacimiento mismo, cualquier intento por cambiar la oprobiosa realidad de nuestras cárceles. Pero ni Roberto Santana, en otros tiempos un combativo dirigente estudiantil, ni Fray Jiménez Richarson, un pupilo del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, identificaron a los «poderosos» que conspiran contra la reforma penitenciaria, como si bastara el hecho de que todos sabemos de quiénes estamos hablando porque son los mismos de siempre, los que nadie se atreve a nombrar por temor a que se hunda la isla.

Lo que faltaba

  A estas alturas es bien poco lo que falta por ver, en materia de criminalidad y delincuencia, en este país, como poco hay que decir también sobre las causas que las generan, pero eso no quiere decir que cerremos los ojos ante ciertas señales que podrían presagiar nuevos y peores males. La Policía informó el fin de semana el apresamiento de un hombre que confesó haber participado en el secuestro de un comerciante por cuyo rescate pedía siete millones de pesos, dinero que se destinaría al financiamiento de las actividades «políticas» de un grupo denominado Movimiento de Liberación Nacional General Gregorio Luperón. La Policía no abunda mucho sobre semejante grupo, quienes lo integran y mucho menos en la coincidencia de propósito -la liberación nacional- con el partido oficial, pero sí que al detenido se le ocuparon varios libros donde se habla de los «ideales» que lo inspiran y que su presunto cabecilla sigue prófugo. Como lo que menos necesita este país son nuevas fuentes de perturbación e intranquilidad bien harían las autoridades, léase la Policía Nacional, en indagar qué clase de engendro se está incubando por ahí y proceder en consecuencia.