QUE SE DICE
El plan B

Solo alguien muy ingenuo puede creer que el ciudadano estadounidense Sam Goodson, implicado en la estafa millonaria en perjuicio del Estado a través del Plan Renove, no tenía una estrategia alternativa, un plan B, en caso de que las cosas no salieran bien en los tribunales dominicanos, como efectivamente sucedió. Así lo reconoció el director del Departamento de Prevención contra la Corrupción, el doctor Octavio Líster, al revelar que Goodson canceló su cuenta del hotel donde se alojaba en Santo Domingo el mismo día que el juez Alfredo Ríos Fabián, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió enviar a los acusados de Renove a un tribunal criminal, y confirma el hecho de que tuviese muy bien atados todos los pormenores de su fuga, incluído el disfraz utilizado y el discreto traslado hasta la frontera. Lo que llama la atención es que las autoridades responsables de su vigilancia, si es que las tenía, no contemplaran la posibilidad de que Goodson alzara raudo el vuelo, a pesar de ser el único de los acusados que tiene todos los motivos del mundo para escapar de las redes de nuestra justicia. ¿A quién le pedimos cuentas por el papelazo?

Fuga anunciada

Lo más irónico del caso es que se trata, perdonándonos la utilización de una comparación tan manoseada, de la crónica de una fuga anunciada. Cuando el pasado viernes el señor Sam Goodson abandonó la sala de audiencias junto a su abogado, mientras el juez leía las sentencias de todos y cada uno de los implicados, la mayoría de los periodistas y fotógrafos presentes tuvieron “el pálpito” de que en ese preciso momento el hombre tomaba las de Villadiego. De hecho ese fue el tema de conversación, entre choteos y relajos, durante un buen rato de la aburridísima audiencia, al extremo de que el fotógrafo de este diario Franklyn Guerrero, quien tomó la foto que acompaña estos comentarios (la última que se le hizo al hoy prófugo de la Justicia), apostó con sus compañeros que al hombre que salía por la puerta, sin que nadie moviera un solo dedo para detenerlo, no lo volverían a ver jamás. ¡Cuánta razón tenía!

Contraste

Mientras el presidente de la república, el doctor Leonel Fernández, toma una decisión sobre la solicitud que le hicieron ayer 86 médicos de Santiago de que se organice un simposio, en el que participen todos los sectores de la vida nacional que tienen que ver con la salud, para discutir la conveniencia de que el gobierno se embarque en una inversión de 25 millones de dólares para convertirse en socio del Hospital Metropolitano de Santiago, tal vez sea oportuno echar una mirada a la situación que atraviesa el hospital regional José María Cabral y Báez. Y más que nada, al panorama que describe su director general, el doctor Andrés Rivas, obligado a desempeñarse, haciendo de tripas corazón, con la mitad del presupuesto que realmente necesita ese hospital para funcionar a plena capacidad. Ese estado de permanente precariedad, como es lógico, se refleja en la calidad del servicio que se ofrece a la población, a la vez que obliga a la dirección del centro asistencial a cobrarle a los pacientes las consultas externas y las pruebas de laboratorio. Y todo eso ocurre, aunque las autoridades de Salud Pública lo hayan olvidado, en la misma ciudad donde el gobierno pretende invertir cerca de mil millones de pesos en un hospital privado.