Hay cosas a las que resulta difícil encontrarle explicación por más vueltas que uno les dé, por lo menos dentro de la lógica en la que se inscriben los asuntos de Estado. ¿Qué necesidad tenía el portavoz gubernamental, Roberto Rodríguez de Marchena, de salir en defensa de un acuerdo que constituye una vergonzosa renuncia a nuestra soberanía?

El acuerdo entre República Dominicana y Estados Unidos, mediante el cual se concede impunidad a los militares norteamericanos ante eventuales crímenes o violaciones a nuestras leyes, fue aprobado en el 2002, durante el gobierno del agrónomo Hipólito Mejía, por un Congreso Nacional dominado por el Partido Revolucionario Dominicano. No es a este gobierno, en consecuencia, al que toca justificar la naturaleza y origen de una concesión tan poco digna, y mucho menos definirla como un «gesto de buena voluntad, amistad y cariño». Ha sido, de parte del licenciado Marchena, un exceso lamentable, incomprensible en un funcionario a través del cual se expresan las opiniones del gobierno sobre asuntos de interés nacional, y a quien se presume a salvo de errores tan gratuitos como innecesarios. ¿Qué habrá pasado ahí?

El diagnóstico

Tiene que ser producto de un error o, en su defecto, de una exageración. ¿Cómo aceptar, sin saltar del asiento, que en el 75% de los homicidios cometidos en lo que va de año están involucrados miembros de la Policía Nacional? El estremecedor dato, dado a conocer por el doctor Franklyn Almeyda en un programa de televisión, estuvo acompañado, empero, de un diagnóstico «médico» alentador: «la Policía Nacional es un paciente que está en cuidados intensivos pero es recuperable». Satisface comprobar que el secretario de Interior y Policía se muestra optimista con el futuro de la institución a la que ha zarandeado de mala manera con sus críticas de los últimos días, pero más que nada que siga empeñado en dotar al país de una Policía más sana, mucho mejor equipada y más competente frente al delito y los delincuentes. Sigue siendo deseable, buenas intenciones aparte, que muchas de esas críticas, que en realidad constituyen denuncias muy graves, sean investigadas a fondo, para beneficio -precisamente- de la misma Policía que el doctor Almeyda está decidido a cambiar de arriba abajo.

De lo macro a lo micro

El Plan de Seguridad Democrática, en manos ya del presidente Leonel Fernández para las observaciones de lugar, ha sido vendido por sus prohijadores como el instrumento idóneo para atajar con eficacia el problema de la delincuencia y la violencia que la acompaña. Se trata de una especie de plan maestro que define, en líneas generales, hacia dónde debe ir la política anticrimen del Estado dominicano, levantado sobre una amplia base de información que recoge datos tan relevantes como la cantidad de crímenes que se cometen en el país o cuál región en particular registra los mayores índices de conflicto. Estamos hablando, ciertamente, de un esfuerzo extraordinario del gobierno que merece aplauso y reconocimiento, pero también se teme que, por ser tan ambicioso (el Congreso Nacional debe aprobar un préstamo de más de cien millones de dólares para hacer posible su aplicación plena), no pueda pasar de lo deseable a lo posible, de lo «macro» a lo «micro», de los propósitos a las realizaciones.