Mucho tardó el célebre artículo 55 de nuestra Constitución en saltar al centro del debate que ha provocado la sugerencia de que el presidente Leonel Fernández, ante un Congreso dispuesto a sembrar de escollos los planes y proyectos de la presente administración, gobierne mediante el expedito recurso del decreto. El doctor César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, recordó que ese artículo, que otorga facultades casi cesáreas al presidente de la república, está ahí -como si se tratara de un poderoso resguardo contra toda contingencia- en caso de que sea necesario sacar adelante algunas iniciativas sin la necesidad de la aprobación de los legisladores. El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, director ejecutivo de Finjus, se preguntaba el otro día, en un programa de televisión, porqué nuestros legisladores y políticos, tan dispuestos siempre a introducir modificaciones en nuestra Carta Magna por cualquier quítame esta paja, no han tocado nunca, sea para eliminarlo definitivamente o reducir sus alcances, el susodicho artículo. He ahí, doctor Castaños, una de las razones.

Aclaración

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) aclara, a través de su vocero, que la dotación de ese organismo en Cotuí no ha sido desmantelada a raíz del confuso incidente -todavía sin aclarar- en el que resultó herido de bala el ex fiscal Sadocky Duarte, como informaron erróneamente algunos medios de comunicación. Buenaventura Bueno Torres explicó que de lo que se trató, en realidad, fue de una acción rutinaria, como lo es el reemplazo del personal de puesto en esa o cualquier otra provincia del país. Si aceptamos que se trató, como asegura Bueno Torres, de un cambio rutinario, normal dentro de la dinámica de esa institución, rutinario hay que considerar también el hecho de que un ex fiscal, metido a comentarista de televisión, sea baleado por agentes de la DNCD luego de que en su programa de la noche anterior se hiciera eco de rumores sobre los supuestos vínculos de agentes antinarcóticos de la zona con reconocidos narcotraficantes. Cuestión de simple lógica.

Cinismos aparte

Cuando el doctor Jorge Subero Isa dice que las deplorables condiciones de nuestras cárceles mejorarán cuando se empiece a aplicar la ley 224 sobre régimen penitenciario, promulgada en 1984, no está siendo cínico sino recordándonos, sencillamente, que al igual que andan por ahí un montón de leyes que no se cumplen pese a ser absolutamente necesarias, asimismo existe desde hace tiempo -21 años exactamente- el instrumento jurídico llamado a crear las condiciones para que nuestro sistema penitenciario pudiera ser calificado como respetuoso de la dignidad humana, solo que no hemos sido capaces de poner en ejecución ni uno solo de sus artículos. Esa no ha de ser, desde luego, la única razón por la que nuestras cárceles son hoy motivo de escarnio y verguenza, sobre todo después de lo ocurrido en Higuey, pero tampoco hay que olvidar que ha sido ahora, dos décadas después de promulgada, cuando empezamos a capacitar un personal que se ocupará exclusivamente de la custodia de los presos, tal y como lo establece la ley citada tan oportunamente por el presidente de la Suprema Corte de Justicia.