¿Le responderá el Pleno de la JCE al expresidente Leonel Fernández, quien ha expresado abiertamente su rechazo, por considerarla inconstitucional, a la resolución que limita las actividades proselitistas  de los aspirantes a cargos electivos para las elecciones del 2020?  Las apuestas están más o menos parejas, aunque hay quien sostiene que no obstante la extensa disquisición  jurídica  del presidente del PLD no quedó claro si, como han señalado sus seguidores, continuará con su caravaneo los fines de semana, desafiando la disposición,   o la  acatará   a regañadientes y “bajo protesta”.  Mientras tanto, la decisión  del organismo electoral ha provocado un amplio debate jurídico en el que abundan las opiniones tanto  a favor como  en contra, pero en lo que unos y otros parecen estar de acuerdo  es en que la Ley de Partidos es, en estos momentos, mas necesaria que nunca.   También ha resultado evidente que la JCE no necesita salir a defender la oportunidad y pertinencia de su resolución, pues hasta aquellos que la han impugnado por considerarla inconstitucional, como es el caso del expresidente Fernández, reconocen  que existe “un sentimiento que se ha albergado en la población durante varios años, que estima que los procesos electorales son muy prolongados y costosos desde el punto de vista económico”. ¿Cuál es entonces el problema, profesor? Se trata, desde luego, de una pregunta retórica, pues  todo el mundo sabe que el problema aquí es la guerra fratricida entre danilistas y leonelistas, que no solo ha empantanado la Ley de Partidos a las puertas de su aprobación sino que ahora pretende también negarle a la  JCE  la capacidad regulatoria que le otorgan los artículos 211 y 212  de la Constitución.