Supongo que los que dan seguimiento a la Marcha Verde   tomaron nota de su más reciente movida, otro indicador de que sus dirigentes  y estrategas se han tomado la lucha contra la corrupción y la impunidad muy en serio: encargarle un “estudio técnico” al economista José Rijo Presbot,  presentado el pasado miércoles en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas  de la UASD,  que lleva por    título  “Odebrecht, Finanzas Públicas, y el Desorden Institucional”. ¿Qué dice ese estudio técnico? Que durante los mandatos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina el gobierno y el Congreso Nacional violaron o permitieron la violación de la Constitución de la República y el resto del marco  jurídico nacional para favorecer los contratos de la constructora brasileña. Que desde el 2001 hasta el 2016 el gobierno ha violado sistemáticamente, con la anuencia del Congreso Nacional, la ley de Presupuesto  General del Estado, la Constitución y las leyes de Administración Financiera para aprobar y ejecutar las obras “de la multinacional mafiosa”. Que varios de los principales funcionarios responsables de firmar y gestionar contratos y préstamos de Odebrecht no han sido investigados ni sometidos a la justicia, por lo que el Ministerio Público debe aclarar omisiones que involucran a Vicente Bengoa, Simón Lizardo, Rubén  Bichara y Lucía Medina. Y por ahí podríamos seguir un buen rato si hubiera espacio. Pero no hace falta leerse el estudio completo para darse cuenta cuál es su propósito: poner en evidencia “la política de lodazal y el afán de la delincuencia en la política para enriquecerse y dirigir el Estado a favor de unos pocos, y para ello lo ensucian todo”. Espero, como dije al principio, que los interesados en saber qué pasará con la Marcha Verde o cuáles son sus verdaderos objetivos hayan tomado nota, sobre todo los políticos  a los que los verdes han metido en el mismo saco y   todavía creen que merecen el chance de volver a terciarse “la ñoña”.