CLAUDIO ACOSTA
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El gobierno parece haber despertado  de manera abrupta a la preocupante realidad de las alzas de precios de los productos alimenticios, sobre todo de aquellos de mayor consumo entre la población, un problema de escala mundial que en Haití, nuestro  traspatio, degeneró en desórdenes y violencia que se prolongaron durante una semana,  provocando la caída del Primer Ministro Jaques Edouard Alexis.

Como señal de esa preocupación, el presidente Fernández ha designado una comisión, integrada por funcionarios de alto nivel, para que se ocupe de diseñar un plan de acción para enfrentar la situación, pues se trata de una peligrosa bomba de tiempo que podría explotarle en las manos al gobierno, como bien sabe una oposición política que con grandes aspavientos ya empezó a hablar de  estallidos sociales por esa causa. Eso en lo que se refiere al nivel macro, como se dice ahora. En cuanto a lo micro, es decir  lo que hará el gobierno aquí y ahora para impedir lo que está ocurriendo en los comercios,  la Secretaría de Industria y Comercio  decidió  enviar a las calles a 60 promotores del Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor a mercados, colmados y supermercados, a fin de “garantizar precios justos en la comercialización de los productos de los artículos de primera necesidad”. Melanio Paredes confía en que esta será una adecuada respuesta a la “ola de especulación”  que se advierte en el comercio y, más que nada, a la campaña de distorsión sobre los precios de los alimentos de consumo masivo que, según el funcionario,  han puesto en marcha los partidos de oposición, pero lo cierto y verdadero es que enviar a unos cuantos inspectores a orientar y aconsejar a los consumidores (la nueva Ley de protección al consumidor no contempla reprimir al comercio en un contexto de libre mercado) que no compren en los comercios que especulan con los precios equivale –con perdón de la extravagante comparación– a enviar a un montón de guanajos armados de jarritos a desaguar el bravío  mar Caribe.