Virgilio Almánzar, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, insiste en su hipótesis de que hay sectores, enquistados en la Policía Nacional, que se han propuesto hacer fracasar la gestión del mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, lo que explica la desorbitada brutalidad que exhiben sus agentes desde hace unas semanas, implacables en la ejecución de su plan de exterminio de supuestos delincuentes gracias a los infalibles intercambios de disparos. Esa brutalidad ha llegado tan lejos, se ha convertido en algo tan peligroso, que ningún ciudadano, no importa en qué parte del país resida, puede sentirse a salvo de sus mortales consecuencias, pues la llamada institución del orden primero dispara y después averigua, no importa si al final resulta que se trataba, desgraciadamente, de una fatal error. Los testimonios ofrecidos ayer por dos mujeres que perdieron sus hijas a causa de esos errores fatales, a través del telematutino Uno más Uno, despiertan la indignación del más indiferente de los mortales, pero también obligan a exigirle al jefe de la Policía Nacional que ponga freno a los desmanes de sus subalternos, que si es verdad que desean verlo fracasar, como asegura Ramón Almánzar, no hay dudas de que están haciendo un excelente trabajo.

De alianzas y pactos

Solo alguien muy ingenuo puede creerle a Reynaldo Pared Pérez, secretario general del PLD, cuando afirma que su partido acaba de hacer un sacrificio, en nombre de la sagrada gobernabilidad del país, al decidir retirar el veto presidencial a la modificación a la ley electoral 275-97, que distribuye en partes iguales el financiamiento del Estado a los partidos políticos. Y es que las cosas no son tan sencillas, o por lo menos no las ven así por los predios del Congreso Nacional, donde ya se daba por un hecho que los reformistas, en connivencia con el mayoritario PRD, impondrían de todas maneras las modificaciones a esa ley, con lo que propinarían al Poder Ejecutivo una derrota no solo dolorosa sino de un altísimo costo político. Lo bueno para el PLD es que este acuerdo, que los reformistas prefieren llamar «compromiso», tiene vocación de permanencia y apunta, más que nada, a construir una alianza que fortalezca la posición del oficialismo en las cámaras legislativas y permita al gobierno negociar en mejores condiciones con un PRD al que, dada su beligerancia, siempre es preferible mantener a soga corta.

Y viceversa

El entente PLD-PRSC en al Congreso Nacional habría que verlo, además, como el mejor seguro de vida al que puede acogerse el oficialismo, ante la eventualidad de que las cosas no salgan todo lo bien que se espera en las elecciones congresionales y municipales del 2005, donde el partido de gobierno se ha fijado como meta revertir la mayoría congresional que hoy detenta el partido blanco. La estrategia, sin embargo, parece ir cambiando de dirección en la medida que se hace evidente que ese objetivo político no resultará tan fácil de concretizar como se veía desde las gradas. Negociar con el reformismo legislativo, en lugar de enfrascarse en una costosa lucha electoral, con resultados inciertos, para desbancar al PRD, no solo resulta más económico sino que ahorra complicaciones a un gobierno central que quizá prefiera -antes que nada- consolidar su poder de maniobra, conservando una razonable capacidad de entendimiento con el Congreso Nacional que le permita navegar el resto del camino sin sobresaltos ni confrontaciones peligrosas. ¡E palante que vamos!