A mediados del pasado año, exactamente en el mes de julio, la embajada de Estados Unidos solicitó a la Suprema Corte de Justicia un informe sobre las decisiones de varios jueces de Instrucción del Distrito Nacional en materia de narcotráfico. El doctor Jorge Subero Issa -así lo recogen los periódicos de la fecha- accedió a la insólita petición de la legación diplomática pero dijo desconocer los motivos de los americanos para solicitar esa información, a pesar de que casi todo el mundo interpretó que sería utilizada para «castigar» con el retiro del visado a unos jueces que se entendía demasiado benignos, para no decir otra cosa, con los narcotraficantes. Nunca se supo, empero, qué pasó finalmente con el bendito informe, pero ahora que el gobierno norteamericano ha decidido solicitar a la Suprema que emita órdenes de arresto e incautación de bienes contra 23 dominicanos pedidos en extradición, oportuno es preguntarse si la Embajada sigue siendo tan susceptible a las decisiones de nuestros jueces, sobre todo en aquellos casos en que parece de antemano convencida de cuál debería ser la sentencia.

Cacareo

El síndico de Santiago quiere cacarear como es debido, para que tenga más sentido su esfuerzo por eliminar -de una vez por todas- la amenaza que representa para la salud de sus compueblanos el vertedero a cielo abierto de Rafey, su decisión de adquirir, a un costo de 17 millones de pesos, equipo especializado en la remoción y tratamiento de los desechos sólidos. Esos equipos permitirían al cabildo dar un mejor tratamiento a la basura y eliminar, de paso, la humareda que envenena el aire que respiran los santiagueros en lo que se construye un relleno sanitario, pero estamos hablando -según calcula José Enrique Sued- de cien millones de pesos que hay que buscar si se quiere tener la solución que merece la Hidalga de los 30 Caballeros. En lo que esos chelitos aparecen, sin embargo, hay que agradecerle al ejecutivo municipal su interés por hacer más llevadero un problema que por su magnitud -insistimos- no puede dejársele solamente a la sindicatura.

Rendimiento escolar

Parece que las culpas por la triste realidad de nuestras escuelas públicas, donde solo se imparte un promedio de tres horas diarias de docencia, no están bien repartidas, según la opinión de María Teresa Cabrera y Sigfredo Cabral, dos educadores con suficiente experiencia para aportar algo positivo al diagnóstico de un problema que merece ser discutido en un escenario menos efímero y limitado que los periódicos. ¿Son los maestros los únicos responsables del incumplimiento de la jornada escolar? En ese globo hay que meter también, como coinciden en señalar ambos educadores, a los funcionarios de la secretaría de Educación, sobre todo a los directores regionales, distritales y de centros, por ser incapaces de exigir que tanto directores como maestros cumplan con sus responsabilidades. Eso quiere decir, simple y sencillamente, que Alejandrina Germán no es la única que tiene motivos para sentirse frustrada a causa de un rendimiento escolar que, de tan pobre, da más pena que vergüenza.