Antes de que concluyan estos días pascueros bien vale recordar, aunque sea tan solo para mantener al día a los olvidadizos, que el doctor Máximo Castillo, presidente de la Cámara de Cuentas, se dio finalmente el gusto de regalarle unas tranquilas navidades a los funcionarios del pasado gobierno que, según sus propias palabras, cometieron graves irregularidades durante el desempeño de sus funciones, según varias auditorías practicadas por el organismo bajo su dirección.

Ni siquiera los vehementes reclamos del fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero, o del Procurador General de la República, el doctor Francisco Domínguez Brito, quien se sumó de inmediato a la exigencia del Ministerio Público para que la Cámara de Cuentas le remitiera las pruebas que decía tener -gracias a esas auditorías- de la comisión de irregularidades en perjuicio del Estado dominicano, impidieron que el espíritu navideño se impusiera a la necesidad urgente que tiene este país de emprender una lucha seria y a fondo, con todas sus consecuencias, contra la corrupción administrativa.

Mala memoria

A propósito de mala memoria y olvidos inexplicables pregúntese cuál ha sido el destino de los cinco individuos -¿acaso ya no los recuerda?- a los que la Policía Nacional apresó y sometió a la Justicia en octubre pasado, acusados de ser los autores del salvaje asesinato de siete jóvenes en Navarrete, que las autoridades atribuyeron a un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Esta es la hora -tome nota del día y la fecha- en que no se ha celebrado la primera audiencia para conocer los pormenores de un crimen que estremeció la conciencia nacional, pero que parece destinado, a pesar de sus dimensiones e implicaciones, a perderse en los inextricables laberintos de nuestro sistema de justicia.

Reciprocidad

Ahora que se habla de la posibilidad de que el ex capitán del Ejército Nacional, Quirino Ernesto Paulino Castillo, sea pedido en extradición por el gobierno de los Estados Unidos, que ya le abrió un proceso por narcotráfico -un delito federal- en un tribunal de Nueva York, tal vez sea oportuno saber en qué está el proceso de extradición que anunció la Procuraduría General de la República contra el ciudadano norteamericano Sam Godson, vinculado al fraude por más de mil millones de pesos detectado en el Plan Renove. Una cosa, por supuesto, no tiene nada que ver con la otra, pero tampoco está demás traer a colación el principio de reciprocidad que norma las relaciones entre dos países, con lo que se entiende que así como hemos sido tan solícitos y complacientes ante los pedidos de extradición de nuestros compatriotas, igualmente solícitas y complacientes están obligadas a mostrarse las autoridades norteamericanas ante nuestros requerimientos. A menos que en este caso, como nos pasa tantas veces en nuestras relaciones con los americanos, la reciprocidad solo se aplica de aquí para allá.