Muy aferrado a sus razones se ve al secretario de Turismo, el licenciado Felucho Jiménez, empeñado en justificar el cobro de una tasa de cinco dólares que pagará todo pasajero que visite República Dominicana, que según el funcionario serán invertidos en mejorar la infraestructura turística del país a través de la construcción de una serie de obras que abarcan desde una planta de tratamiento de aguas residuales hasta la rehabilitación de numerosas playas y balnearios. Tan convencido está Felucho de las bondades de su idea -que ha caído muy mal, por cierto, en el seno de Asonahores- que a lo mejor está dispuesto a realizar un esfuerzo extra de convencimiento, sobre todo para que podamos creer en los beneficios de cobrar a quienes nos visitan una tasa que mucha gente del sector coincide en calificar como un impuesto disfrazado: mostrarle al país los mecanismos administrativos, absolutamente transparentes, que permitirán al gobierno garantizar que lo recaudado por esa vía se empleará efectivamente en infraestructura turística, y no en un metro para Santo Domingo, un hospital privado a medio talle, o cualquier otro invento parido por la imaginación ociosa de quienes nos gobiernan.

Empantanados

Nada ilustra mejor el empantanamiento de la política anticorrupción del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, recién cumplidos sus primeros ocho meses al frente de la cosa pública, que la desalentada queja del doctor Octavio Líster, director del Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO), quien dice que lo han dejado solo en su lucha contra la corrupción y los corruptos, una ingente tarea que hace alrededor de un año era una inflamada promesa de campaña del peledeísmo. Ha faltado, según Líster, la solidaridad y el apoyo de las demás instituciones del Estado a un esfuerzo que -recuerda el funcionario- no es solo responsabilidad del Gobierno y el Ministerio Público, sino también del Poder Judicial. Más o menos en el mismo tono se quejaba ayer el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien dijo sentirse frustrado ante la repetición, una y otra vez, de un mal para el que no parece haber remedio. Lástima que en el Gobierno esas quejas se escuchan como quien oye llover.

Operativos

Pueden darle todas las vueltas que quieran, invocar nuevos códigos o viejos tratados o recurrir, para simplificar las cosas, al cinismo institucionalizado que todo lo justifica, incluído pasarse por el forro el espíritu de una ley, pero va a resultar muy difícil a los promotores del operativo masivo realizado el pasado viernes en Capotillo revestirlo de legalidad en el ámbito de aplicación del Código Procesal Penal. De hecho el doctor Félix Damián Olivares, uno de sus redactores, sostiene que esos registros colectivos solo son legales cuando se producen como parte de un proceso judicial abierto y en estrecha coordinación con el Ministerio Público. La Policía Nacional, que todavía está «depurando» a cientos de personas apresadas el viernes en Capotillo, anunció a través de su jefe, el mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, quien también es abogado, que continuará con las operativos masivos en busca de armas ilegales y supuestos delincuentes en ese y otros barrios. Definitivamente, seguimos avanzando.