– ¿Dijo o no dijo el Ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, que desde el gobierno  se espía a organizadores y participantes en las marchas verdes? El desmentido del funcionario asegurando que tanto el gobierno  como su persona  respetan la Constitución, por lo que jamás propiciarían la violación de la privacidad de los ciudadanos, no ha conseguido aplacar la indignación en las redes sociales, encendidas desde que se hicieron públicas sus declaraciones al programa El Día, que produce Huchi Lora. Y aunque el funcionario dijo posteriormente, en un escueto comunicado que envió a los medios, que lamenta las interpretaciones y preocupaciones que sus palabras provocaron y que jamás irrespetaría el sagrado derecho a la privacidad de las personas, ya el daño está hecho, pues lo que verdaderamente  importa no fue lo que dijo o quiso decir  sino la intención que lo animó a decirlo. Y está claro que la intención de Amarante Baret fue enviar un mensaje, de naturaleza intimidatoria, a quienes organizan y participan en las marchas verdes. Pero como no había manera de hacer llegar ese mensaje sin poner en evidencia una práctica  a la que, no obstante ser ilegal, nuestros gobiernos recurren a través de sus organismos de seguridad  o contratando a un particular en el mercado informal de espías telefónicos, está pagando el precio de recordarnos  la vigencia  de sistemas de vigilancia y control mas propios de las  dictaduras que de la democracia en la que se supone vivimos. Las reacciones de rechazo  que inundaron las redes sociales son la más clara demostración de que el gobierno, nuevamente, utilizó la estrategia equivocada en sus esfuerzos  por  descalificar  las marchas verdes y su bandera de lucha: el fin de la corrupción y la impunidad.