De sobra se sabe que una cosa es allá y otra aquí, que en «los países» todo camina, como les gusta a los americanos, por el librito, pero en algunos casos, sobre todo cuando se trata de castigar como se merece a quienes se dedican al tráfico de personas entre Puerto Rico y República Dominicana, deberíamos ser capaces de estar, por lo menos, a la altura de las circunstancias.

Ha provocado justificada alarma la noticia de que seis indocumentados dominicanos, de un grupo de más de 50 que aún se encuentran en la vecina isla, podrían ser condenados a la pena capital si se establece su complicidad en la organización de la travesía en la que murieron ocho personas, una medida ciertamente fuera de toda proporción que evidencia un cambio de actitud de las autoridades puertorriqueñas ante el problema de la migración ilegal, que parecen decididas a enfrentar con mayor dureza y drasticidad. Aquí, en dramático contraste, seguimos anclados en el otro extremo, pues a pesar de las incontables muertes que han provocado esos fatales viajes no hay un solo responsable de su organización preso en nuestras cárceles.

Prioridades

La fotografía publicada ayer en portada por este diario, donde se muestra el penoso estado de deterioro en el que se encuentra una escuela rural de la provincia de Elías Piña, nos recuerda -con singular elocuencia- cuáles siguen siendo nuestras prioridades en materia de educación pública. Escuelas en estado tan deplorable, sin embargo, no solo son familiares en el agreste paisaje de la olvidada región fronteriza, pues en comunidades tan cercanas como San Cristóbal, o en Los Alcarrizos, puede cualquiera encontrarse con el desolador espectáculo. Lo del gobierno electrónico y la presencia de computadoras en cada escuela del territorio nacional, metas deseables a las que aspiran las presentes autoridades, serían una auténtica maravilla para este maravilloso país, un logro al que nadie en su sano juicio podría oponerse, pero después de echarle una mirada a esa «escuela» (¿cómo evitar las comillas?) cualquiera pensaría que hay otras cosas más urgentes que atender.

Mártires de la prensa

El acto de proclamación del periodista Juan Andújar -asesinado a en Azua por un banda de delincuentes- como Mártir del Periodismo Dominicano, sirvió no solo para renovar la indignación que provocó su muerte sino para deplorar también el hecho de que a estas alturas, transcurridos casi tres meses del crimen, el asesino ande por ahí vivito y coleando a pesar de la «intensa persecución» a que lo somete desde entonces la Policía Nacional. Andújar compartirá con otros mártires un espacio que les ha consagrado en su edificio el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), como una forma de preservar su memoria de los estragos del tiempo. Se trata, hay que decirlo, de un triste honor que no quisiera merecer el periodista Juan Sánchez, corresponsal de este diario en Azua, quien desde el asesinato de su colega y amigo vive junto a su familia un forzoso exilio en Santo Domingo, bajo permanente protección policial, rogándole todos los días a Dios que el hombre que mató a su compañero no cumpla su amenaza y lo convierta en otro recordado mártir de la prensa nacional.