Aunque se celebre y aplauda la reapertura de la escuela piloto de Loma del Chivo, cerrada para evitar los riesgos a los que se expone su población estudiantil ante una delincuencia con la que día a día está obligada a convivir, no es conveniente que nos autoengañemos o, peor todavía, que alentemos falsas soluciones. Los más de cien agentes policiales, al mando de un coronel, que ayer en la mañanita hicieron posible que los cerca de 700 niños que reciben docencia bajo su techo vuelvan a las aulas no podrán estar ahí de manera permanente, conocidas las limitaciones de personal y recursos que caracterizan el desempeño de la Policía Nacional. Nadie espera, por supuesto, que se resuelva de un día para otro el grave problema de la delincuencia que florece silvestre en los barrios, pero sí que se ensayen fórmulas creativas, a la medida de nuestras posibilidades, que garanticen una solución más o menos duradera que proteja a las escuelas de sus desmanes.

Consuelo de tontos

Nadie piensa discutir las bondades de conocer, en nombre de la sagrada verdad histórica, los nombres y apellidos de todos y cada uno de los jefes de la Policía Nacional, desde 1988 hasta el 2004, responsables de haber distribuido entre oficiales policiales y militares, así como entre civiles y otros «particulares», vehículos reportados como robados que la institución recuperaba pero que no devolvía a sus propietarios. Incluso hasta se agradecería, de ser posible, que también se publique la lista de los beneficiarios de esos graciosos e ilegales repartos, aunque la primera consecuencia sea declarar desiertos algunos de nuestros más renombrados altares. Será difícil, sin embargo, que esas publicaciones y las reacciones que eventualmente provoquen sean consuelo suficiente, por lo menos para quienes aspiran a que algún día este país pueda darse el lujo de tener una Policía que no necesite coartadas para justificar las acciones que han desnaturalizado y pervertido sus responsabilidades ante la sociedad.

Lecturas

El sorpresivo despliegue policíaco y militar del pasado lunes, que las autoridades definen como una acción preventiva destinada a evitar alteraciones del orden público patrocinadas por sectores políticos, puede tener muchas lecturas o interpretaciones, dependiendo del cristal conque se mire, pero por razones de espacio y tiempo habrá que limitarse a señalar tan solo dos. Primero, que se trató de una sobrerreacción del gobierno ante un amenaza que, hasta prueba en contrario, o no existe o no tiene las dimensiones de peligrosidad que se le atribuye; y segundo, que no se tiene muy claro cuál es, en estos momentos, el verdadero enemigo de la paz pública, como lo prueba el hecho de que se reaccione con tanta presteza y anticipación ante probables desórdenes, mientras hace falta decretar el cierre de una escuela, que no sabe cómo defenderse de la delincuencia, para llamar la atención de las autoridades sobre la necesidad de ofrecer la protección policial que nuestras indefensas escuelas necesitan.