Quienes nos han gobernado desde la democracia para acá nunca se han tomado en serio el principio de la continuidad del Estado, lo que explica nuestra acentuada indigencia institucional, y parece que el Ministerio Público no es la excepción.

Nadie ha explicado todavía en qué consisten exactamente las alegadas violaciones al acuerdo suscrito, y avalado por un notario público, entre Sobeida Félix Morel y los representantes del Ministerio Público de la anterior administración, argumento que ahora se utiliza para oponerse a su solicitud de libertad condicional tras cumplir la mitad de su condena de cinco años por lavado de activos, contrariando lo pactado en ese acuerdo y desestimando el compromiso contraído por un organismo del Estado.

Tampoco se ha explicado qué uso se le dio a las informaciones que aportó Sobeida, como parte de ese acuerdo de mutua conveniencia, sobre las actividades y relaciones en el país de su compañero sentimental, el convicto narcotraficante José David Figueroa Agosto, que se supone debieron ser verificadas y contrastadas para determinar su grado de veracidad, y por vía de consecuencia su valor como información negociable.

¿Algún organismo del Estado realizó esas indagatorias, de rigor en ese tipo de acuerdos? ¿Se investigó a las personas aludidas para confirmar o descartar la existencia de sus vínculos con Figueroa Agosto? ¿O simple y sencillamente se archivó, echándole tierra y olvido, por tratarse de una papa demasiado caliente?

Esas y muchas otras preguntas andan de boca en boca desde que se dio a conocer en detalles el contenido de la declaración jurada de Félix Morel, en la que señala con nombres y apellidos a oficiales militares y policiales que supuestamente recibieron donaciones y regalos del capo boricua, y es obligación de las autoridades del Ministerio Público, tanto las anteriores como las actuales, ofrecer las explicaciones pertinentes.