Nadie discute, porque los hechos están a la vista de todo el mundo, la capacidad del doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, para promover huelgas, marchas y cuanta forma de protesta sea capaz de ocurrírsele, aunque a la hora de pasar balance a esas acciones se exhiban pocos resultados tangibles, un problema que habrá que dejárselo a los médicos, en todo su derecho a confiar la defensa de sus intereses a quien mejor entiendan. Eso no quiere decir, sin embargo, que no se exijan explicaciones de las acciones «reivindicativas» que promueve el presidente del CMD, sobre todo de aquellas con vocación para alterar la paz pública. ¿A qué diablos van los médicos, en son de protesta, a la sede de la Fundación Global del presidente Leonel Fernández? ¿Qué pueden obtener con esa marcha, aparte de trastornar el desenvolvimiento del tránsito vehicular, que no consiguieron con las anteriores marchas realizadas al Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo?

Disonancias
Antes de enfilar los cañones contra el senador Jose Tomás Pérez por atreverse a pedir públicamente que la construcción del Metro de Santo Domingo sea discutida por las autoridades del Partido de la Liberación Dominicana, debido a los riesgos políticos que implica acometer una obra de esa envergadura en las presentes circunstancias, hay que tratar de ponerse en la piel del senador por el Distrito Nacional, un joven y talentoso legislador con su propia agenda política que cumplir. Pérez, quien tiene acostumbrado al país a esas disonancias con la «máxima dirección» de su partido, la última de ellas a propósito de la distribución «poco equitativa» de los cargos públicos entre la militancia peledeísta, debe considerar menos equitativo todavía el que se embarque al partido en una aventura de tan alto riesgo sin que se discuta, de manera abierta y democrática, si vale la pena poner tantas cosas en juego, incluida la permanencia en el poder, para realizar uno de los mas caros sueños del presidente Fernández.

Honradez
Gente a la que tal vez haya que calificar de prejuiciada dice estar convencida de que el caso del empresario discográfico Juan Pablo Díaz, quien denunció la pérdida de 3,500 dólares que llevaba dentro de un abrigo que olvidó, antes de subir al avión, en el área de Migración del aeropuerto Las Américas, es la más reciente prueba de la existencia de una banda integrada por empleados de esa área que, en complicidad con autoridades militares, opera con absoluta impunidad cometiendo todo tipo de robos y raterías. Las denuncias de ese tipo, ciertamente, suelen ser frecuentes en el AILA, y pocos dudan que en esas ocurrencias haya complicidad de las autoridades, pero cierto es también que no siempre aparece un honrado ciudadano que pueda darse el lujo de devolver, a su legítimo propietario, 3,500 dólares contantes y sonantes.