Hubo una época, no tan lejana, en que se le hizo creer al país que la llevada y traída gobernabilidad era una chiva ladina y mañosa amarrada en el patio de la residencia del doctor Joaquín Balaguer, donde se ataban y desataban -en la estricta intimidad de las sombras- los grandes entuertos nacionales. Hoy la cosa es muy distinta pero nadie puede decir que sea mejor, pues resulta y viene a ser que la gobernabilidad parece estar supeditada a que el actual gobierno, en representación del Estado dominicano, renuncie a su legítimo derecho de reclamar en los tribunales de justicia lo que entiende le ha sido sustraído indebidamente. El retiro de la bancada perredeísta en la Cámara de Diputados, hasta tanto cese «el acoso» contra ex funcionarios del pasado gobierno a los que se vincula con la comisión de irregularidades en el desempeño de sus funciones, ha sido calificado como un chantaje político por Reynaldo Pared Pérez, vocero del PLD, que diría lo mismo de la decisión de los senadores que ayer anunciaron el «congelamiento» de los proyectos del Poder Ejecutivo hasta que se ponga fin a esos «atropellos». Falta saber ahora si el Poder Ejecutivo, que se pone tan nervioso cuando se toca esa tecla, será capaz de comprender que ni siquiera en nombre de la sagrada gobernabilidad puede pagarse un precio tan alto.

Desempolvando leyes

Este maravilloso país nuestro, definitivamente, no hay quien lo entienda. Tanto que nos quejamos de que estamos saturados de leyes, normativas y reglamentos que nunca se cumplen y sucede que ahora, cuando a alguien se le ocurre desempolvar y poner en vigencia una ordenanza de la Secretaría de Obras Públicas, letra muerta desde 1977, que establece que los contratistas de esa cartera deben suscribir sus pólizas de seguros, con carácter de exclusividad, con la empresa estatal, la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (CADOAR) pega el grito al cielo, con el alegato de que la medida constituye una discriminación en perjuicio de las aseguradoras privadas. Independientemente de quién tenga la razón en este caso, algo que toca decidir a las instancias correspondientes, vale la pena advertir sobre la potencial peligrosidad de resucitar legislaciones y normas de otras épocas y realidades, pues este país, para bien o para mal, ha cambiado mucho desde la década de los setenta para acá.

Otra primicia

Un cable fechado en Washington, calzado con la firma de José A. Delgado, de El Nuevo Día, en el que organismos internacionales de derechos humanos critican con dureza nuestro sistema penitenciario, cita estadísticas atribuidas al Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas en las que República Dominicana figura con el más alto índice de hacinamiento carcelario de todo el continente latinoamericano. Tan dudoso mérito no nos obliga, por supuesto, a sentirnos orgullosos, aunque sí constituya un doloroso recordatorio de la imperdonable indolencia de nuestras autoridades, las de antes y las de ahora, pues presidentes van y presidentes vienen sin que se haga absolutamente nada por mejorar la situación de un sistema penitenciario que nos llena de oprobio y verguenza.