La Dirección General de Aduanas y la Fiscalía del Distrito Nacional acaban de formular una declaración de guerra conjunta, para decirlo de algún modo, contra la evasión fiscal y el contrabando, que al decir del director de Aduanas fueron responsables de que el Estado dominicano dejara de recibir, durante los pasados cuatro años, cien mil millones de pesos. El licenciado Miguel Cocco y el doctor José Hernández Peguero, quienes convocaron una rueda de prensa a dos voces para hacer el anuncio, advirtieron a quienes incurran en esa ilegal práctica que serán apresados y sus negocios clausurados, para lo cual firmaron incluso un acuerdo que hará posible, de forma expedita, el sometimiento a la justicia de los infractores. Eso quiere decir, si le tomamos la palabra a los funcionarios, que de ahora en adelante no habrá más arreglos amigables, cómodos acuerdos de pago o cualquier otro subterfugio destinado a evadir la responsabilidad que tienen las autoridades de exigir que se cumpla la ley al pie de la letra.

Acotejando la carga

La petición del doctor Francisco Domínguez Brito a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de que recuerden a sus miembros la obligación que tienen de actuar, aunque no estén acompañados de autoridades judiciales, contra las personas sorprendidas en flagrante delito, tiene un inocultable tono de alarma, como lo tiene también la advertencia formulada a los jueces por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Subero Isa, para que eviten caer en una especie de «hipergarantismo» en favor de los imputados, como consecuencia de la infravaloración de las pruebas que se aportan en su contra. Lo que estamos viendo -agentes policiales que se niegan a apresar a un ladrón sorprendido con las manos en la masa o un juez que dispone un simple arresto domiciliario contra el asesino a mansalva de un sargento de la Policía Nacional- son los efectos indeseados de un Código Procesal Penal mal entendido y peor aplicado, lo que empieza a generar legítima preocupación entre mucha gente. Los promotores y defensores del nuevo código, sin embargo, insisten en decirnos que ya no es posible dar marcha atrás, que esa incómoda y pesada carga habrá que acotejarla (como siempre) en el incierto camino que tenemos por delante. Que Dios nos coja confesados.

Doctrinas políticas

Lo primero que deberían dejar bien claro los que hoy hablan, a boca llena, de adoptar el peñagomismo como doctrina política en el «nuevo» Partido Revolucionario Dominicano, es si el doctor José Francisco Peña Gómez enarboló el antireeleccionismo como principio doctrinario, como todavía sostienen Hatuey Decamps y sus seguidores en el «otro» PRD, o si fue una postura coyuntural, como respuesta al despotismo ilustrado del doctor Joaquín Balaguer, como sustentaron, en bien afinado coro, los que abrazaron la reelección del ex presidente Hipólito Mejía, pues se trata de un debate que quedó inconcluso en el perredeísmo a causa, entre otras cosas, de la derrota electoral y sus inevitables resacas. Esa precisión no solo es necesaria sino también oportuna conocida la naturaleza voluble del PRD, que hace y dice una cosa cuando está en la oposición, en el fragor de las trincheras, y otra muy distinta cuando se encarama en el Poder, pues desde sus mareantes alturas todo se ve muy diferente.