No es por nada, pero no bien ha dado por zanjado su conflicto con los ayuntamientos cuando el doctor Franklyn Almeyda dirige sus cañones hacia uno de sus blancos favoritos, la Policía Nacional, cual incansable guerrero que desconoce el reposo o la tregua en su inacabable guerra contra todo el mundo. Según el doctor Almeyda dentro de la llamada institución del orden opera un negocio en torno a la expedición de armas de fuego vía el famoso formulario 25, a pesar de que en varias oportunidades ha pedido formalmente a la jefatura policial descontinuar la vieja práctica de «cargar» armas a civiles amparadas en un simple papelito calzado con la firma del incumbente de turno. Toca ahora al mayor general Bernardo Santana Páez decidir si esquiva la embestida de su «superior jerárquico» haciéndose el desentendido, como en anteriores ocasiones, o si se embarca en otro altisonante tirijala público con el secretario de Interior y Policía, de esos en los que el doctor Almeyda se ha hecho un verdadero experto.

Armas al pecho

  Según los datos de que dispone la Secretaría de Interior y Policía en el país existen 157,000 armas de fuego oficialmente registradas en manos de la población civil, en tanto entre policías y militares apenas llegan a 70,000, poco menos que el doble, situación que el doctor Franklyn Almeyda no ha dudado en describir como «un gran dolor de cabeza para la sociedad». La escandalosa desproporción puesta de manifiesto por esas estadísticas da razón a los partidarios del desarme puro y simple de la población civil, con el padre Luis Rosario en primera línea, como una forma de contener una violencia que ya lo ha desbordado todo, pero esa no parece ser la intención ni la vocación de las autoridades. ¿Cómo salvar entonces una brecha tan enorme, tan peligrosa y que se refleja de tan mala manera en la deteriorada seguridad ciudadana? Solo con mucha imaginación podrán nuestras autoridades responder esa incómoda pregunta.

Protestas

  El día llegará, quién lo duda, en que nuestras comunidades no tendrán que tirarse a las calles a protestar y provocar desórdenes para que Señor Gobierno recuerde su existencia y atienda sus necesidades, pero como para realizar ese caro sueño falta todavía demasiado tiempo –¿quién se atreve a decir lo contrario?– pongamos atención a lo que acaba de ocurrir en Dajabón, donde alrededor de diez comunidades paralizaron sus actividades en demanda de la reparación de la carretera que une esa provincia con Santiago Rodríguez, más o menos las mismas razones por las que protestaban hace unos días las poblaciones cibaeñas que reclaman a gritos la reconstrucción de la carretera Moca-La Vega. Un obispo decía el otro día, con deliberada llaneza, que quien no llora no mama, justificando esa forma de reclamar acción y atención por parte de esas comunidades, pero el pragmático obispo debería saber también que esas protestas, por más ruidosas que sean, no han sido suficientes para convencer a Señor Gobierno de que hay que repartir con mayor equidad y sentido de justicia lo que es de todos, entiéndase los recursos consignados en el Presupuesto Nacional, pues no solo en Metro se llega al prometido paraíso de la modernidad.