QUE SE DICE
Hábito de lectura

Siempre se ha dicho que en este país nadie lee, que el hábito de lectura brilla por su ausencia, lo que no sabíamos es que se trata de una deficiencia de tal magnitud que puede llegar a convertirse, en determinado momento, en un problema de orden público. Oquendo Medina, en el vórtice del torbellino tras conocerse el contenido del nuevo reglamento sobre espectáculos públicos y radiofonía, defiende con vehemencia las buenas intenciones que animaron a sus redactores, por lo que dijo estar dispuesto a modificarlo si eso es lo que conviene al país, pero recordó que como parte de las consultas que hizo remitió una copia, para observaciones y sugerencias, a más de veinte instituciones públicas y privadas, así como de la sociedad civil, a las que se dio un plazo prudencial de 21 días para que hiciesen sus observaciones, críticas o sugerencias, en caso de que las hubiese. Ninguna de esas instituciones, entre las que figura la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), advirtió las contradicciones con la Constitución que contiene el reglamento a pesar de que saltan a la vista, probablemente porque nadie lo leyó ni le prestó la atención que merecía. Si eso fue así, ¿de qué nos quejamos entonces?

Prohibida la payola

Lo más interesante del caso es que ese reglamento, que amplios sectores de la vida nacional coinciden hoy en considerar violatorio de la Constitución, tiene también su lado amable, que muchos considerarán hasta jocoso: ha prohibido la payola. Según el artículo 46, “las estaciones de radio y canales de televisión no podrán exigir a los artistas, cantantes y agrupaciones musicales, sumas de dinero con el propósito de difundir sus discos o canciones, bajo pena de ser sancionados con las disposiciones que este reglamento prevé”, que pueden ir desde dos hasta diez salarios mínimos de multa. La “prohibición” de seguro caerá muy mal entre propietarios de emisoras y locutores payoleros, bastante abundantes según las malas lenguas radioeléctricas, pero sin duda llevará tranquilidad a muchos artistas y representantes de casas disqueras a los que ha salido bastante caro “sonar” sus producciones. Siempre y cuando, desde luego, sean tan ingenuos como para creer, al igual que sus redactores e ideólogos, que será ese reglamento el que pondrá fin a una “institución” sin la cual no es posible posicionar un artista en un mercado tan competitivo como el de la música popular en República Dominicana.

Con el agua puesta

De cuando en cuando y de vez en vez, como quien no quiere la cosa, saltan al centro del debate nacional los cuestionamientos a la existencia de la benemérica Liga Municipal Dominicana, y hasta surgen iniciativas legislativas destinadas a liquidar la institución considerada cuartel general y base de operaciones del doctor Amable Aristy Castro, el astuto y exitoso dirigente reformista nativo de Higuey. En esta oportunidad, sin embargo, las cosas parecen ir más en serio, pues un grupo de diputados ha decidido dar su apoyo al proyecto de ley reintroducido al hemiciclo por el legislador perredeísta Ruddy González, que además de borrar del mapa institucional dominicano a la LMD propone que sea la Contraloría General de la República la que distribuya entre los ayuntamientos los recursos que les asigna la ley 166-03. La pieza, que se dice cuenta con el respaldo de un amplio grupo de legisladores del bloque del PRSC, ha venido a recordarle al doctor Aristy Castro que sus adversarios hace tiempo que le tienen el agua puesta, conscientes de que gran parte del poder e influencia política de que disfruta proviene, precisamente, del organismo rector de los ayuntamientos y los cuantiosos recursos que maneja. ¿Tendrá esta iniciativa algo que ver con lo que ocurre, puertas adentro, en el reformismo?