Lo menos que va a decirse, a propósito de la infeliz declaración del licenciado Danilo Medina en la que condiciona el sometimiento a la justicia de supuestos expedientes de corrupción de funcionarios de la anterior administración a la actitud que asuma el ex presidente Hipólito Mejía, es que el gobierno ha terminado echando mano al mismo recurso, el chantaje, que tanto le ha criticado a los senadores perredeístas, con lo que no solo se despoja voluntariamente de toda autoridad moral para cuestionar un método que han rechazado, a unanimidad, los sectores más sensatos de la sociedad, sino que de ñapa le da la razón a quienes sostienen que en el Palacio Nacional no hay interés en combatir un flagelo que, como la corrupción administrativa, amenaza liquidar la poca fe que le queda a la población en nuestras instituciones, empezando por los partidos políticos para terminar, por vía de consecuencia, con el propio sistema democrático. A eso le llaman, en buen cristiano, meter la pata hasta el cuello.

Inmigración ilegal

Hasta ahora se ignora el nombre y la nacionalidad de un joven, no mayor de 18 años, al que las autoridades del aeropuerto de Detroit, en Estados Unidos, encontraron muerto en el tren de aterrizaje de un avión que partió desde La Romana y cuyo cadáver permanece congelado en un hospital de esa ciudad desde hace cinco largos meses. Tanto el origen del vuelo como el hecho de que llevara consigo 27 pesos hacen suponer, empero, que se trata de un dominicano que de alguna manera logró esconderse en un lugar tan poco apropiado para emprender su incierta travesía, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero solo para terminar de manera tan triste con su joven existencia. La suerte corrida por ese muchacho ilustra, con particular dureza, el terrible drama de la inmigración ilegal a la que tienen que recurrir tantos dominicanos y dominicanas en sus afanes por lograr una vida mejor, pues resulta evidente que esa no es la manera más segura de intentarlo, mucho menos con 27 míseros pesos en los bolsillos.

Mal sabor

La visita al país de Carlos López Nieves, Procurador para Asuntos de Derechos Humanos de Puerto Rico y Vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Ombudsman, para verificar sobre el terreno la situación de los ciudadanos puertorriqueños presos en las cárceles dominicanas, dos de los cuales murieron en la tragedia ocurrida en Higuey, nos dejará por mucho tiempo -siempre y cuando todavía nos quede un poco de verguenza- un mal sabor de boca, pero hace bien -cortesía obliga- el Procurador General de la República, el doctor Francisco Domínguez Brito, en disponer que se lo ofrezcan todas las facilidades necesarias para que realice sus indagatorias a entera satisfacción. López Nieves nos dejará, sin embargo, algo más que el ingrato recuerdo de su visita, como lo es el dato, sin duda alarmante, de que en su país hay 600 dominicanos presos por violación a la ley de migración, asaltos y robos, entre otros delitos, a favor de los cuales -cortesía obliga- dijo encaminar procedimientos legales para que puedan volver a su tierra tan pronto sea posible.