Es comprensible la impaciencia de quienes reclaman acciones inmediatas, contundentes, contra la delincuencia, entre ellas el inicio de las patrullas mixtas, integradas por agentes policiales y miembros del Ejército Nacional o la Marina de Guerra, como anunciara hace algunos días el presidente Fernández. Ocurre, sin embargo, que la cosa no es tan fácil como parece, pues no se trata de algo tan simple como recoger a un montón de guardias ociosos y mandarlos a las calles a carrerear delincuentes. De hecho, según ha sabido esta columna, ya se trabaja en la selección de los miembros de los cuerpos castrenses que podrían formar, eventualmente, parte de esas patrullas, personal militar que luego será sometido a un riguroso entrenamiento para enseñarlos a bregar con el crimen callejero. El problema sigue siendo la urgencia conque se necesita esa asistencia para combatir a una delincuencia que, por distintas razones, ha terminado desbordando la capacidad de la Policía de enfrentarla. ¿Debemos arriesgarnos, en nombre de esa urgencia, a tirar esos guardias a las calles sin que estén realmente preparados para una tarea para la que hace falta algo más que un fusil automático, un uniforme de zafarrancho y unas buenas botas?

Una sugerencia

Quisiéramos sugerirle al director de la Oficina de Custodia de Bienes Incautados, Frank Matos, una idea muy sencilla, que bien podría servir para hacer entrar en razones a los ex funcionarios, dirigentes políticos y oficiales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que se resisten a devolver los bienes incautados que utilizan ilegalmente, entre los que se encuentran lujosos automóviles, casas, apartamentos, fincas y hasta villas turísticas. Publíquese, en algún periódico de circulación nacional, la lista completica -con nombres y apellidos- de esas personas así como de los bienes que tienen en su poder, no solo para que el escarnio público los persuada de la necesidad de devolver lo que no les pertenece, sino para que el país conozca a tan privilegiados ciudadanos. Si el señor Matos se decide a poner en práctica nuestro gratuito consejo, le aseguramos que al otro día de la publicación -o mucho antes- tendrá esos bienes bajo custodia del organismo bajo su dirección, como manda la ley. ¿Se anima a hacer la prueba?

Haciendo historia

Anoten bien la fecha porque se trata de un acontecimiento histórico, sin precedentes en nuestra agitada vida institucional: 23 de septiembre del año 2004. Ese día -así lo consignará la historia- tres generales de la Policía Nacional presentaron un recurso de amparo ante la Segunda Sala de la Cámara de lo Civil y Comercial del Distrito Nacional, bajo el alegato de que al ponérseles en retiro -en virtud del todopoderoso artículo 55 de la Constitución- se violaron sus derechos laborales. No se trata, como se ha llegado a sugerir, de un acto de rebeldía de los generales Rafael Ramírez Vidal, Guarionex Aguero Encarnación y Bienvendido D»Oleo Moreta contra su Comandante en Jefe, el doctor Leonel Fernández Reyna, sino del ejercicio de un legítimo derecho que les asiste como ciudadanos. Pero, más que nada, ese recurso supondrá un reto para nuestra Justicia, obligada a poner en su balanza los excesivos alcances del susodicho artículo y el derecho que tienen esos generales a reclamar amparo legal contra esos excesos, así los haya cometido un presidente de la república en el país más presidencialista del mundo.