Quienes objetan que solo se haya sometido a la Justicia al general Jaime Marte Martínez y a otros 59 oficiales acusados de usufructuar vehículos robados y recuperados por la Policía Nacional, bajo el argumento de que se trata de una práctica que data del último período de gobierno del doctor Joaquín Balaguer, pasan por alto -consciente o inconscientemente- algunas cosas, como por ejemplo la selectividad que impone la incapacidad material de las autoridades del Ministerio Público de instrumentar expedientes acusatorios de manera simultánea contra diez jefes policiales y sus colaboradores, y menos con todos los periquitos que ahora exige el Código Procesal Penal. Independientemente de que se haya decidido empezar de atrás hacia delante y no viceversa, como hubieran querido algunos con más malicia que paciencia, es importante que algo quede claro: lo que esta sociedad ahíta de impunidades necesita es que con este caso se dé un ejemplo que disuada a las jefaturas por venir de seguir repitiendo el mismo vicio, y no que iniciemos un rocambolesco juicio para el que necesitaríamos el Estadio Olímpico como sala de audiencias.

Seguridad penitenciaria

Si alguien entiende la lógica bajo la cual actuaron las autoridades responsables de la cárcel pública de San Pedro de Macorís, que prohibieron la entrada al recinto del vehículo propiedad del sacerdote británico-español Christopher Hartley para evitar que le vuelvan a robar, que por favor nos la explique, incluyendo al Director General de Prisiones, el general Juan Ramón de la Cruz Martínez. La insólita decisión del general del Ejército Nacional Ubaldo Reyes, comandante de la prisión, podría tener muchas explicaciones, todas igualmente insólitas, pero para no complicarnos la vida nos vamos a conformar con algo menos rebuscado: o el oficial no está en capacidad de garantizar la seguridad del vehículo del cura, quien denunció que en el patio de la cárcel, delante de todo el mundo, le robaron de su camioneta varias planchas de plywood, o se trata de una represalia por las denuncias de maltratos a los reclusos, incluída la tortura, que hiciera recientemente el sacerdote en el matutino Uno más Uno. Elija la hipótesis que mejor le cuadre a su sentido común.

El qué dirán

El licenciado Miguel Cocco está en todo su derecho de abstenerse de someter a la Justicia a los responsables del saqueo que, a su juicio, cometieron las pasadas autoridades en la Dirección General de Aduanas, pero de ninguna manera pretender que una sociedad ansiosa de que se castigue, de una vez por todas, la corrupción en la administración pública, se lo agradezca. Y mucho menos amparándose en tan pobres razones, pues sabido es que son los políticos, en su inmensa mayoría, los que van a los cargos públicos, los mismos políticos, precisamente, que luego se llevan para su casa lo que pertenece al Estado, es decir al noble y sufrido pueblo dominicano. ¿A quién acusar entonces? Lo peor del caso es que cuando el director de Aduanas dice que no procederá judicialmente contra el denunciado saqueo para evitar que se diga que se trata de una retaliación política lo que hace es renovar, completamente gratis, la garantía de impunidad de la que disfrutan los eternos depredadores de las arcas públicas.