No hacía falta que viniera un experto internacional, chileno para más señas, a decirnos lo que para nosotros es una verdad requetesabida, tratándose de una realidad a la que nos enfrentamos todos los días: un policía mal pagado es un blanco perfecto para caer en las tentaciones -ciertamente muchas- a las que lo expone su trabajo. ¿Ignora el mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, un hombre cultivado y siempre al día, esa situación? No.

¿La ignora el secretario de Interior y Policía, en estos días muy afanado promoviendo un seminario internacional sobre combate a la crimilidad? Tampoco ¿Y el presidente Fernández, quien ha dispuesto que se acuda en auxilio de la Policía Nacional con recursos millonarios para la compra de equipos de comunicación y vehículos que mejoren su capacidad de respuesta a la delincuencia? Mucho menos todavía. Sin embargo, en el presupuesto destinado a la institución del orden no se consignaron recursos para el aumento de sueldo de sus agentes, mientras el doctor Franklyn Almeyda, «superior inmediato» del jefe policial, cada vez que le tocan el tema se sale por la tangente. ¿Quién explica esas incoherencias?

La pregunta del general

Si el general Antonio Imbert Barrera hubiera tenido en sus manos las cifras de las que dispone este diario al momento de expresar su preocupación, desde el Palacio Nacional, por la gran cantidad de miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a los que se vincula a la comisión de distintos delitos, habría sido mucho más enfático en su reclamo de que se produzca cuanto antes la cacareada depuración de esas instituciones. Solo en casos de drogas este diario registra a por lo menos 30 oficiales y alistados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional apresados en los últimos meses, estadística que es preciso actualizar todos los días, como lo demuestra el hecho de tener que incluir, en ese conteo, al cabo policial al que el comando regional Norte de la Policía vinculó ayer al atraco y posterior asesinato de un ciudadano norteamericano en Santiago. «¿A donde iremos a parar, por Dios»? se preguntó, en tono dramático, el general Imbert. Por razones obvias, la pregunta queda en el aire.

Bellaquerías

La sorpresiva decisión de modificar la Ley Electoral, con el argumento de hacer una distribución más justa de los recursos que se destina a los partidos políticos, no solo es una iniciativa fuera de tiempo y lugar sino que viene, además, acompañada de mucha mala fe. Esa «bellaquería», como ha calificado Reynaldo Pared Pérez la acción perpetrada, con absoluta premeditación y alevosía, por legisladores reformistas y perredeístas, retrata de cuerpo entero el talante de nuestros políticos, dispuestos a respetar las reglas solo cuando convienen a sus intereses, con el agravante, en el caso de senadores y diputados, de que pueden cambiarlas para acomodarlas a las nuevas circunstancias, en este caso la aplastante derrota electoral sufrida en las urnas el pasado 16 de mayo.