Su puede apostar peso a morisqueta a que Amable Aristy Castro encontrará la forma de evadir el reto público que le ha lanzado Danilo Medina para que revele los nombres de los funcionarios que según el dirigente reformista le ofrecieron «lo que quisiera» para hacer fracasar la Alianza Rosada, honrando la vieja costumbre criolla de airear sin pudor los pormenores del pecado sin mencionar el santo y la seña del pecador. Lo más curioso del caso es que, aparte del secretario de la Presidencia, pocos han sido los interesados en conocer más detalles sobre una denuncia que, en cualquier lugar del mundo que no sea República Dominicana, hubiera movido algún tipo de acción de parte de las autoridades o de la siempre vigilante sociedad civil, como si esa clase de denuncia fuese tan frecuente que hace tiempo dejó de ser noticia. Y es una verdadera lástima, porque si hay algo particularmente dañino para este país, necesitado de crear mecanismos de protección frente a los desmanes de sus políticos, es que sigamos indiferentes a sus tejemanejes.

De lo deseable a lo posible

  Ojalá que toda la discusión que se ha producido en torno a la utilización de recursos públicos para financiar las actividades de los partidos políticos haya servido, por lo menos, para que la Junta Central Electoral afine los mecanismos de que dispone para obligar a sus dirigentes a cumplir algunas formalidades respecto al manejo de esos fondos, como es el caso del estado financiero que están obligados por ley a presentar informando cómo y en qué los gastaron. El llamado del presidente del tribunal de comicios, doctor Luis Arias, para que presenten ese documento en el plazo que prevé la ley si quieren recibir los recursos que les corresponden apunta en esa dirección, lo único que puede hacerse por el momento en lo que la propia JCE o los legisladores establecen mecanismos más rigurosos de fiscalización. No es todo lo que hace falta hacer, por supuesto, para contener esa incontrolada hemorragia de recursos, pero sí lo posible dadas las circunstancias.

Temas de campaña

  Otra vez vuelven los cañones oficialistas a enfilar hacia los ayuntamientos, como revelan las declaraciones formuladas ayer por el secretario de la Presidencia, Danilo Medina, y de Obras Públicas, Freddy Pérez, quienes coincidieron en criticar, desde distintos escenarios, el «despilfarro» en que incurren los cabildos en el uso de los fondos públicos. Se ha dicho muchas veces, a propósito del largo forcejeo del doctor Franklyn Almeyda con los ayuntamientos para obligarlos, tal y como prescribe la ley, a rendir cuentas de los fondos que manejan, que esas críticas eran y siguen siendo válidas, tratándose de recursos que aporta el contribuyente. Si la idea es convertir ese «despilfarro» en tema de campaña electoral, algo perfectamente legítimo con las actuales reglas de juego, es de presumir que sus promotores habrán tomado la previsión de poner en orden las cuentas del ayuntamiento del Distrito Nacional, el más importante del país y el que mayores recursos maneja, más que nada por un simple principio de física dinámica que los dominicanos, tan hábiles para llamar a las cosas por su nombre aunque no utilicemos las palabras «apropiadas», definimos magistralmente con un refrán simplísimo: lo que va viene.