Prácticamente todos los días es posible tropezarse, lo quiera usted o no, con una razón válida para dudar de la pertinencia y oportunidad de construir el Metro de Santo Domingo, cuya primera etapa costará, según calculan sus promotores, US$326.6 millones. La secretaría de Educación reveló ayer, a través de su Director General de Edificaciones, que no podrá cumplir, por carecer de recursos económicos suficientes, sus planes de reparación, ampliación y construcción de más de 1,500 escuelas en todo el país, al extremo de que solo ha podido intervenir un 4% de las 14,000 aulas que se tenían previstas. Sin embargo, nos permitimos la parejería de salir por el mundo a buscar financiamiento para la construcción de un metro, que solo resolvería el problema del transporte de una parte de la población de Santo Domingo, mientras Educación no tiene conqué dotar de escuelas decentes, con un mínimo de decoro y dignidad, a los estudiantes pobres de este pobre país.

Otro más

Como en este juego hay que permitir, porque de eso se trata la democracia, que todo el mundo diga lo que tiene que decir, escuchemos al diputado perredeísta Ramón Agramonte, vocero de la bancada, quien sostiene que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana no tiene ninguna intención de perseguir la corrupción como aseguran sus funcionarios, pues si fuera así el presidente Leonel Fernández no hubiese designado en su gabinete a funcionarios con expedientes criminales en la justicia. El diputado opositor se acaba de sumar, para los que llevan anotaciones, al coro cada vez más numeroso -incluyan en esa lista a Reynaldo Pared Pérez- de los que dudan de la voluntad política del gobierno de emprender una lucha seria contra la corrupción administrativa.

Papa caliente

En el caso hipotético de que se acceda a la exigencia de los senadores de que se reponga a poco más de dos mil empleados en las áreas de salud, educación y agricultura, como parte de las negociaciones que harán posible la aprobación en la Cámara Alta de importantes proyectos del Poder Ejecutivo, habría que ver cómo se las arregla el gobierno para evitar que esa concesión se convierta en una fuente de conflictos y resulte peor el remedio que la enfermedad. Y es que no hay forma, descartado cualquier incremento en la nómina pública debido a las restricciones que impone el acuerdo con el FMI, de complacer esa petición que no sea, necesariamente, cancelando a los peledeístas nombrados en esos cargos. Danilo Medina, quien preside la comisión oficial que negocia con los senadores, debe estar consciente, como político rejugado que es, de la papa caliente que tiene en sus manos.