La mayoría de los diarios reseñaba ayer un acontecimiento inédito en la justicia dominicana, a propósito del expediente abierto contra 59 oficiales de la Policía Nacional por el usufructo de vehículos recuperados por la institución tras ser robados a sus propietarios y la entrada en vigencia del Código Procesal Penal: la apertura de un proceso de negociación de los acusados con el fiscal, gracias al cual podrían ser favorecidos con una suspensión condicional del proceso, siempre y cuando admitan su culpabilidad por los hechos que se les imputan. Si esos oficiales logran ponerse de acuerdo con el Ministerio Público antes de que concluya, hoy a las 2:00 de la tarde, el plazo concedido por la Jueza del Quinto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, deberán someterse a una serie de «sanciones» que podrían incluir, entre otras, la prohibición de viajar al extranjero, juntarse con determinadas personas o no abusar de las bebidas alcohólicas. Por ninguna parte se menciona, en esas posibles tratativas, a las víctimas del doble despojo, es decir a los verdaderos dueños de los vehículos retenidos, que deberían – por razones obvias- tener algo que decir en esa «negociación». ¿O los redactores del código pasaron por alto ese pequeño detalle?

Comisiones

Demostrado está que tanto sirven para investigar un crimen que nunca llegará a esclarecerse como para convencer a los dirigentes del Colegio Médico Dominicano de que desistan de paralizar los hospitales públicos a cambio de unas cuantas promesas, pero difícilmente alguien haya sospechado que alguna de ellas serviría también, llegada la circunstancia, para tribuna desde la cual formular un oportuno llamado a la prudencia a dos importantes funcionarios públicos ante el preocupante rumbo que va tomando una polémica pública a la que urge detener, no solo por tratarse de algo tan inflamable como el petróleo sino por el valor estratégico de nuestras relaciones con la Venezuela del volátil Hugo Chávez. El doctor José Joaquín Bidó Medina, quien preside la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, convocó ayer una sorpresiva rueda de prensa para pedir a los funcionarios de marras poner fin a su garata pública hasta tanto regrese el presidente Fernández y sea posible dirimir, a puertas cerradas, sus diferencias, con lo que acaba de poner en evidencia -tal vez sin proponérselo- que ni siquiera en el Palacio Nacional se tiene muy claro cuáles son las atribuciones y ámbitos de acción de esa comisión.

Tontas útiles

El subsidio al gas licuado de petróleo tiene muy buenos defensores, la mayoría de ellos con excelentes razones para luchar a brazo partido por su preservación, pero como siempre ocurre en esa lucha hay gente que no está peleando en el bando correcto. Ayer, en Santiago, cientos de choferes, amas de casa y sindicalistas marcharon juntos hasta las instalaciones de la secretaría de Industria y Comercio, donde entregaron un documento en el que piden al gobierno que se mantenga el subsidio al gas licuado. Juan Marte, presidente de la Federación Interprovincial de Transportistas, se quejó de un gobierno que con esa medida quiere liquidar lo poco que queda de la clase media, en tanto Luis Ureña, de la Federación de Choferes Independientes, pidió a las autoridades rechazar las imposiciones del FMI. Ninguna de las amas de casa presentes en ese acto, que no eran pocas, dijo esta boca es mía, a pesar de que eran las únicas con derecho a reclamar el amparo de ese subsidio. Solo estaban allí para servir de tontas útiles a los choferes y sindicatos del transporte, que nunca han compartido con los usuarios el privilegio de pagar un combustible muchísimo más barato, pero nadie tuvo la cortesía de decírselo.