Es evidente que el Procurador General de la República, el doctor Francisco Domínguez Brito, ha querido que la opinión pública sepa que la designación del director del Departamento de Prevención de la Corrupción, doctor Octavio Líster, como fiscal especial para el caso de los bancos quebrados, es parte de un compromiso contraído por el Estado dominicano con el Fondo Monetario Internacional (FMI), celoso guardián de la estabilidad macroeconómica del país. Al hacer el anuncio del nombramiento Domínguez Brito explicó a los periodistas que, como parte también de esos compromisos, se acordó mantener a los técnicos del FMI al día de las pesquisas que realice el Ministerio Público en torno a esas quiebras mediante un pormenorizado informe mensual, pero al mismo tiempo advirtió -como si hiciera falta el énfasis- que la ley no permite acuerdos amigables, al margen de los tribunales, en torno a esos casos. Visto el caso y comprobado el hecho, como gusta decir a los abogados, solo queda hacer una sola pregunta, definitivamente tonta: ¿A quién o quiénes va dirigida la firme advertencia del Procurador?

Fuera de liga

Debe haber muchas maneras de explicar la crisis por la que atraviesa el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), probablemente tantas como razones existen para que sus dirigentes, sobre todo los que por lo bajo alientan el sabotaje al proceso de renovación de ese partido que supone el «Pacto por la Unidad», mediten bien su decisión de tirar por el derricadero lo poco que queda del partido heredado del doctor Joaquín Balaguer. Ninguna de esas razones, empero, tiene tanto peso como la necesidad de esa organización de estar a la altura de los otros dos grandes partidos del sistema, el PRD y el PLD, que ya celebraron sus procesos internos y sobrevivieron, más o menos indemnes, a sus efectos y coletazos. Esa es la prueba, precisamente, que tienen que pasar quienes hoy dirigen el reformismo, sobre todo si quieren seguir jugando en una liga tan exigente y difícil.

¿Intolerancia?

Ramón Mesa, hasta hace poco Director Provincial de la Secretaría de Cultura en San Cristóbal, denunció ayer al periódico El Nacional que fue cancelado arbitraria e injustamente de su cargo por haber patrocinado la controversial exposición sobre las obras construidas por Rafael Leónidas Trujillo en su ciudad natal, que ha recibido duras críticas de sectores que entienden busca exaltar la memoria del odiado tirano. El destutanado funcionario, sin embargo, argumenta que esa exposición solo pretende que la historia sea conocida tal y como fue, una pretensión para nada ajena a todos los historiadores -justo es recordarlo- desde Herodoto hasta el sol de hoy. Nadie discute, sería necio hacerlo, el derecho que tiene la gente de Cultura a quitar y poner funcionarios a su mejor conveniencia, siempre y cuando respeten las leyes laborales del país, pero quedaría muy feo que en estos tiempos de libertades democráticas y mundos globales la intolerancia provenga de quienes están obligados, por la naturaleza de sus responsabilidades públicas, a ser ejemplo permanente de respeto a las ideas, sobre todo cuando son ajenas y no coinciden con la verdad «oficial».