Tanto se ha dicho, repetido y denunciado que el PLD controla todos los poderes y que ese control representa un gran peligro para la frágil democracia dominicana, que la mayoría de la gente ha terminado escuchando esas denuncias y advertencias como quien escucha llover, aunque desde su resignado fatalismo sepa muy bien, porque lo aprendió a golpes y tropezones, que las lluvias pueden provocar tantas muertes y daños como las dictaduras que hemos sufrido y padecido y que ambas, por desgracia, son parte del mismo paisaje. Eso no quiere decir que debemos ignorar, por necia y redundante, la denuncia del PRSC de que al menos 95 funcionarios de las Juntas Electorales Municipales son “botellas”, algunos con salarios por encima de los 50 y 60 mil pesos, en tanto otros 663 miembros de esos organismos trabajan o están vinculados a algún estamento o institución del Gobierno. Si eso es verdad, algo que a estas alturas muchos están dispuestos a creer, resulta evidente que la composición de las Juntas Electorales Municipales no puede ser considerada una garantía de que en el 2020 habrá elecciones imparciales y transparentes, como afirma Quique Antún, presidente del partido del afónico gallo colorao. También es evidente que ante una denuncia de ese calado y naturaleza la JCE está obligada a dar un paso al frente y actuar, pero sobre todo a ofrecer garantías creíbles de que todo el proceso está bajo su control y no del todopoderoso PLD, que como ya sabemos le gusta jugar con ventaja para poder apostar a lo seguro.