En nuestra  cultura partidaria, fraguada en el trauma del fraude y la consecuente desconfianza en los resultados de los procesos electorales,  la Junta Central Electoral (JCE) siempre estará bajo sospecha, un claro signo de atraso institucional y político  que arrastramos como un pesado lastre. Por eso se entiende que tanto partidos políticos como electores pongan  bajo cuestionamiento la imparcialidad  del organismo electoral o la  integridad y honorabilidad de sus miembros, o ambas penas a la vez,  pero esa “debilidad histórica” no debería ser utilizada, de manera   irresponsable, para ir creando  desde ahora las condiciones para una crisis post electoral bajo la falsa creencia de que podrán conseguir en las  calles revueltas lo que no ganaron voto a voto en las urnas. Se trata de  un juego muy peligroso y así se le ha advertido, en más de una ocasión, a sus promotores y auspiciadores,  que atrincherados  en su cerrazón ni siquiera  se han dado por aludidos, pero sigue sin entenderse que en esa tómbola se hayan metido partidos que no tienen ninguna necesidad de hacer causa común con ese histérico pataleo por adelantado. ¿Qué sentido tiene para un partido que está puntero en las encuestas acosar y descalificar al árbitro que habrá de declararlo ganador cuando se terminen de contar  los votos? ¿Por qué juntarse y reburujarse con aquellos que, anticipándose a una previsible derrota, apuestan al caos y al sálvese quien pueda? ¿Por qué deberíamos comprarle la idea de que representan el cambio si los vemos pactando acuerdos y  conciliábulos con los responsables de que estemos como estamos, precisamente la razón por la que se quiere salir del PLD? El galloloquismo, en política, se paga caro, pero lo malo en este  caso es que la factura no la saldarán esos políticos  gallolocos, que de alguna manera encontrarán la forma de sacar su comida aparte,  sino la democracia dominicana,  atrapada y sin salida en el más de lo mismo. ¿Hasta cuándo?