Si no fuera por la fotografía publicada en portada por este diario, donde se ve a un joven pandillero parado sobre una tumba mientras dispara al aire con un arma automática, habría que calificar como un chiste la decisión del ayuntamiento de Santiago de prohibir los funerales acompañados de música o bebidas alcohólicas, «por respeto a los deudos y los demás difuntos». Pero no se trata, desgraciadamente, de una broma, sino de un intento por impedir que se repita en esa ciudad el bochornoso espectáculo del que fuimos testigos los capitaleños esta semana. Ojalá que el ayuntamiento santiaguero logre, armado tan solo de una famélica policía municipal y una circular administrativa, lo que un contingente de la Policía Nacional, al mando de un oficial, fue incapaz de impedir: que una avalancha de tígueres bien armados alborote, a ritmo de reguetón y bachata, la santa paz de los muertos, y siembre el terror entre los vivos.

Tiempo de guerra

Hicieron falta -según reseña la crónica periodística- más de 150 agentes policiales para poner fin al enfrentamiento a tiros que durante dos interminables horas protagonizaron, en medio de un denso apagón, dos bandas rivales en Gualey. Nadie sabe, si acaso eso importa ya, qué desencadenó el infierno vivido por los vecinos de Gualey la noche del pasado jueves, aunque es probable que los motivos sean los mismos de siempre; venganza (solo la sangre lava la sangre), una disputa por un «punto» de drogas o un problema de territorio, que en el caso de las bandas juveniles -al igual que en la selva- es asunto de vida o muerte. Estamos hablando de una guerra que ya no es posible seguir ignorando, mucho menos si hay tantas víctimas desparramadas por toda la geografía de la república, la última un niño de dos años muerto de un balazo en la cabeza cuando se enfrentaban a tiros dos bandas de narcotraficantes en Sosúa, Puerto Plata.

Manos misteriosas

Doña Alejandrina Germán, secretaria de Educación, ha repetido hasta la saciedad que sus manos no han firmado ningún telegrama de cancelación, pero los casos de maestros cancelados siguen produciéndose en todo el país. ¿Qué otras manos, entonces, han firmado esas cancelaciones? Los directores distritales, quienes han decidido repartir, directamente y a su mejor parecer, una hasta ahora indeterminada cuota de cargos entre aquellos que reúnen méritos políticos suficientes para sentarse a disfrutar cómodamente, durante los próximos cuatro años, de la piñata nacional. El único problema, empero, es que esos directores, funcionarios medios, no están facultados para tomar ese tipo de decisiones, que afectan a cientos de maestros. Doña Alejandrina tendrá que decidir entre respetar el Estatuto del Docente, como le impone su responsabilidad al frente de la cartera educativa, o hacerse de la vista gorda y permitir que el clientelismo de su partido, de la que es una importante dirigente, termine de saciar sus apetitos. He ahí el gran dilema.