A pesar del enérgico tono, imposible de ocultar, que trasluce la nota de protesta del gobierno haitiano dada a conocer al mundo por la agencia EFE, en la que se condena la muerte de tres ciudadanos haitianos quemados vivos en Haina al tiempo que se exige sanción para los responsables del horrendo asesinato, es evidente que no contiene toda la indignación deseable, pues probablemente a sus autores hubiera gustado incluir algunos adjetivos que si bien suenan mal en un documento de esa naturaleza vendrían como anillo al dedo para describir la actuación de las autoridades de este lado de la frontera en el caso. ¿Y saben una cosa? Si se hubieran atrevido, habría que darles la razón.

¿Cómo explicar el hecho de que no fue hasta ayer, una vez los periódicos hicieron pública la supuesta queja del gobierno haitiano, cuando la jefatura de la Policía Nacional decidió designar la consabida comisión encargada de investigar los hechos y establecer las debidas responsabilidades? No se actuó con la presteza que ameritaba un crimen de características tan bárbaras, y hoy pagamos las consecuencias de esa vergonzosa falta de sensibilidad para con nuestros hermanos haitianos.¿Hubiéramos actuado con tanta displicencia si se hubiera tratado de norteamericanos o ciudadanos europeos? Tómese su tiempo antes de responder.

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COINCIDENCIAS

Lo más interesante del caso es que por una de esas curiosas coincidencias que suelen darse, de manera sospechosa, en este especial país, ayer mismo nos enteramos -a los diez días justos del crimen- de que «investigaciones preliminares», realizadas de manera conjunta por autoridades policiales y militares, han determinado que la muerte de esos haitianos no se produjo a causa de una agresión motivada por razones xenofóbicas sino que se trató de un frustrado intento de robo.

Según esas «investigaciones», filtradas a la prensa por fuentes militares vinculadas a las pesquisas, uno de los haitianos muertos cometió la imprudencia de decir, en un lugar público donde consumían bebidas alcohólicas haitianos y dominicanos, que quería comprar un motor para ponerse a trabajar motoconcho y que tenía el dinero en su casa. Eso bastó para que, en horas de la madrugada, un grupo de dominicanos que se enteró de su bonanza fuera a su residencia para apropiarse del dinero, y el resto es la triste y escalofriante historia que todos conocemos. Así que ya lo saben: no ha sido, para tranquilidad de nuestras conciencias, un crimen perpetrado en nombre del odio racial o el rechazo a los haitianos sino producto de la ola de delincuencia y criminalidad que, por lo que se ve, no discrimina a la hora de elegir a sus víctimas.

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La denuncia

Las cosas, sin embargo, no parecen ser tan sencillas como quisieran algunas de nuestras autoridades, pues la muerte de esos tres haitianos no es la única que ha provocado profundo disgusto al gobierno vecino. Según una denuncia del ex cónsul haitiano en el país, Edwin Paraison, desde el pasado mes de mayo, cuando se produjo la muerte, a manos de presuntos ciudadanos haitianos, de la comerciante Maritza Núñez, han sido asesinados 13 de sus compatriotas en circunstancias que todavía no han sido debidamente aclaradas por las autoridades dominicanas. Esas circunstancias a las que se refiere el ex diplomático, aunque Paraison no lo dijera de manera abierta, tienen que ver con sus sospechas, que de seguro comparten también las autoridades haitianas, de que detrás de esas muertes anida un peligroso sentimiento de venganza que no presagia nada bueno para las de por sí difíciles relaciones entre las dos naciones.

Son las autoridades dominicanas, desde luego, las obligadas a dar satisfacción a las preocupaciones del señor Paraison, pero nadie se extrañe si cualquier día de estos nos enteramos, por vía de una agencia internacional de noticias, de que algún organismo internacional de derechos humanos nos pide cuentas -con mal contenida impertinencia- por esas muertes.