Ya lo dijo un juez, con toda la solemnidad de una sentencia: el artículo 55 de la Constitución, que faculta al Presidente de la República a designar funcionarios en la administración pública, está por encima de cualquier ley, resolución, disposición interna o reglamento de una institución, incluída -desde luego- la ley institucional de la Policía Nacional. La decisión del juez Modesto Matías Rosario, de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, de rechazar el recurso de amparo de tres generales de la Policía que alegan haber sido puestos en retiro de manera irregular por el presidente Leonel Fernández, pone fin a un capítulo interesante de la historia -pendiente de escribirse- de nuestro sistema de justicia, pero dependerá de los generales Bienvenido de Oleo Moreta, Rafael Ramírez Vidal y Radhamés Aguro Encarnación decidir si será el último o si, en cambio, seguirán en su empeño, ante otra instancia, de revertir la que entienden ha sido una decisión injusta e ilegal. En lo que se averigua el caso, vale la pena dejar algo en claro: ni se acabó el mundo por culpa de la «rebeldía» de esos generales, ni la democracia dominicana, siempre al borde del sobresalto, sufrió un solo rasguño porque se cuestionaran los excesivos poderes que tiene a su disposición el Presidente de la República.

A merced de la basura

La ecuación es sencilla: síndico que no recoge la basura, es igual a síndico que fracasa ante los ojos de una población que aprendió, a golpe de frustraciones, a no esperar nada mas de sus ejecutivos municipales. Por eso es que la Ciudad Primada ha tenido tantos síndicos malos a lo largo de su secular historia, desgracia que se multiplicó por cuatro con el invento de la división territorial. Así las cosas, la basura vuelve, como en sus peores tiempos, a adueñarse de nuestras calles, esta vez con la excusa de las dificultades de acceso al vertedero de Duquesa, aunque se diga por trasmano que la verdadera causa de la nueva epidemia es la deuda millonaria que ha contraído el cabildo capitaleño -se habla de doscientos millones de pesos- con las compañías recolectoras de basura. Escoja usted la explicación que más le convenga, pero eso es lo que menos importa. Para los fines de lugar, los resultados son los mismos: desde que Roberto Salcedo deja de recoger la basura, su sindicatura empieza a oler mal.

Guerra avisada

Residentes en los sectores El Valiente y La Ureña, en los alrededores de la autopista Las Américas, amenazan continuar con las protestas a causa del deficiente servicio de energía eléctrica que reciben, protestas que en la noche del miércoles dejaron un saldo de más de 30 vehículos, entre públicos y privados, con los cristales rotos. La Junta de Vecinos de El Valiente ha visitado en varias ocasiones las oficinas de Ede-Este a reclamar la mejoría del servicio, pero evidentemente no le han hecho mucho caso. La situación, al parecer, se ha tornado desesperante, pero aún así hay que hacerse la pregunta: ¿tiene esa gente derecho, en nombre de su desgracia, a destruir propiedad privada o a impedir el acceso a la ciudad de Santo Domingo a través de una de sus carreteras más importantes? La pregunta toca responderla al jefe de la Policía Nacional o a cualquier otra autoridad a la que le importe la tranquilidad pública.