CLAUDIO ACOSTA
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El presidente Fernández dice haber logrado un acuerdo con propietarios de supermercados y asociaciones de comerciantes mayoristas y minoristas que permitirá que los consumidores puedan adquirir, a precios más asequibles, los productos de primera necesidad.

“De  este encuentro lo que ha salido –explicó el mandatario, con su  característica capacidad de conceptualización, al término del encuentro con los comerciantes  en el Palacio Nacional —  es una especie de colaboración entre todos para que el sector productivo, garantizando obviamente sus niveles de rentabilidad o ganancia, presente sus productos al mercado y que el mercado, tomando en cuenta esta situación, pueda presentar precios razonables a la población”.

El mandatario, sin embargo, no entró en mayores detalles sobre la forma en que  se producirán esas rebajas  de precios,  pero versiones periodísticas hablan de que el gobierno se  comprometió  a cubrir la diferencia entre los precios del mercado y el que se establezca para su venta al consumidor, es decir un nuevo subsidio que hasta ahora se ignora a cuánto ascenderá ni de qué manera se aplicará para que consiga los resultados que se esperan. De todas maneras nada malo hay en darle el beneficio de la duda al gobierno, con la esperanza de  que la varita mágica de los subsidios volverá a producir el milagro.

 Simplezas.-  El Procurador General de la República, el doctor Radhamés JIménez,  ha prometido  investigar la denuncia de que procuradores de cortes, fiscales y fiscalizadores participan  en actividades proselitistas en favor del presidente Fernández. La denuncia hecha por un auto denominado Patronato de Apoyo Al Ministerio Público, cuya existencia, por cierto, dijo desconocer el doctor Jiménez, no es nueva en una campaña electoral  plagada de denuncias de utilización de los recursos del Estado en favor de la reelección, pues ya ha estado en boca de la dirigencia reformista y, más recientemente, del PRD y su candidato Miguel Vargas Maldonado. Se trata de una “simpleza”,  como tal vez la califique el presidente Fernández,  pero la obligación del Procurador, como máxima autoridad del Ministerio Público, es investigarla, aunque solo sea para guardar las formas.