Se quejan en las redes sociales porque el Gobierno inició la reparación de las casas afectadas por la explosión en la empresa PolyPlas como si se tratara de una catástrofe provocada por la iracunda Naturaleza, bajo el argumento de que esa es una responsabilidad de las empresas involucradas y sus compañías aseguradoras. También critican que  utilice la tragedia que estremeció el populoso corazón de Villas Agrícolas, en la que ya han muerto ocho personas, para sacarle capital político utilizando su eficiente y bien aceitada maquinaria asistencialista, desde los Comedores Económicos hasta el Ministerio de Obras Públicas, que al momento de escribir esta columna ya había intervenido más de ochenta viviendas, apropiándose de un espacio y un protagonismo que debieron ocupar esas empresas, que desde el principio se mostraron muy tímidas para dar una respuesta a la altura de las circunstancias tanto a las personas directamente afectadas  como  al resto de la sociedad. Es partiendo de esa timidez o calculada pasividad, como la califican algunos, que hago  la  pregunta: ¿cuánto tiempo tendrían que esperar las familias afectadas, que solo han sido un daño colateral de empresas que incumplieron  normas y protocolos (lo dice el Informe de los Bomberos) de  la seguridad industrial y   autoridades que se lo permitieron, para que les reconstruyan sus viviendas  y les repongan los ajuares destruidos? Creo que, dada la magnitud de la tragedia, el Gobierno  estaba en la obligación de intervenir, con todos los recursos a su disposición, para mitigar los daños que produjo la explosión en Villas Agrícolas. Pero creo también que  debió utilizar  toda su autoridad para obligar a las empresas que  crearon las condiciones para que esa   tragedia se produjera a responsabilizarse, desde un primer momento, de lo ocurrido.  Y  asumir  las   consecuencias, que por razones obvias no van a salir baratas.