La primera conclusión a la que se llega, al conocerse detalles de la forma en que operaba el entramado criminal que, según el Ministerio Público, dirigía el mayor general Adán Cáceres Silvestre, es que los recursos asignados en el Presupuesto Nacional a los organismos militares no los fiscaliza ni los audita nadie.

Y aunque eso no extraña ni sorprende a los que en este país hemos visto cómo cualquier general sin tropas y un salario que apenas le alcanza para cubrir sus necesidades básicas exhibe grandes riquezas o se convierte en poderoso terrateniente sin que haga falta que nadie explique cómo se produjo el milagro, lo que estamos viendo en los periódicos vuelve a convencernos de que los peledeístas, en materia de corrupción, hicieron lo que nunca se había hecho.

Cada vez que se toca el tema de la discrecionalidad dolosa conque militares y policías manejan los recursos que se les asignan hay que citar, inevitablemente, al expresidente Leonel Fernández y las revelaciones de Wikileaks en las que el exmandatario reconoce, en conversación con el exembajador Hans Hertell, que las Fuerzas Armadas dominicanas son corruptas pero que si destituía a sus jefes podía ser depuesto como gobernante.

Es evidente que exageraba, pero mas por conveniencia que por miedo, como todavía opinan muchos, pues algunos de sus cercanos colaboradores se convirtieron, a los ojos del país, en corruptos conocidos y nunca hizo nada para que explicaran sus obscenas fortunas ni tampoco los destituyó a pesar de que no estaban en capacidad, como los guardias, de darle un golpe de Estado.

Así que ahora no nos hagamos los tontos, y mucho menos permitamos que con ese cuco nos metan miedo los peledeístas, que ahora no saben cómo defender lo indefendible. Si en este país hay corrupción militar es porque los políticos civiles se lo permiten, y no por temor o porque sean intocables sino por que les conviene. Y eso es lo que hay que cambiar.