Parece crecer el convencimiento -al que se acaba de sumar el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez- de que la oleada delictiva que golpea al país por sus cuatro puntos cardinales es producto de un plan, de un propósito muy bien definido que busca crear un clima de intranquilidad ciudadana, pero más que nada hacerle la vida imposible a un gobierno que empieza apenas a mudar sus primeros pasos.

Ese coro de voces, cada vez más altisonantes, está pidiendo a gritos soluciones urgentes, resultados inmediatos frente a un problema que, casi sin darnos cuenta, ha terminado robándonos el sosiego, pero es obvio que un problema tan complejo no se encara tan solo con medidas coyunturales. A menos, claro está, que las autoridades decidan actuar directamente contra los supuestos responsables de una violencia delictiva a la que casi todo el mundo le ha puesto ya nombre y apellido, y hasta partido político. ¿O la cosa no es tan fácil como a simple vista parece?

¿A quién creerle?

Ramón Ventura Camejo, director de la Oficina Nacional de Administración de Personal (ONAP), anda diciendo por ahí que el gobierno del presidente Leonel Fernández está ofreciendo todo su apoyo al proceso de avance en el que está embarcada esa institución en lo que respecta a la capacitación del personal que labora en la administración pública, apoyo que también va dirigido, según el funcionario, a lograr la estabilización del sector público, que necesariamente pasa -habría que añadir- por la permanencia en sus puestos de los empleados que forman parte, por derecho propio, del Servicio Civil y la Carrera Administrativa. La opinión del señor Ventura Camejo, sin embargo, difícilmente la comparta el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, organización que acaba de denunciar, a través de su presidente el doctor Guillermo Bernabé Rosario, que más de diez veterinarios fueron cancelados del Centro Antirrábico Nacional, donde llevaban más de una década laborando, ni tampoco la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que insiste -a pesar de las reiteradas negativas de la secretaria de Educación- en que se están cancelando maestros, en abierta violación a la Ley General de Educación.

Galimatías

Dicen los especialistas que el lenguaje sirve tanto para mostrar como para encubrir, a lo que habría que agregar que también para distraer, como solía hacer Cantinflas, el gran cómico mexicano famoso por sus simpáticos galimatías que de tanto querer decir no decían absolutamente nada. Gracias a una cantinflada, precisamente, nos hemos enterado de que el incremento alarmante de ciudadanos haitianos involucrados en hechos delictivos, que empieza a preocupar a los santiagueros, es producto de la marginalidad social, lo que constituye -a juicio del fiscal Raúl Martínez- «un caldo de cultivo para que se cometan acciones detestables para la sociedad». A esas acciones, lógicamente, no puede ser ajena una comunidad como la haitiana, doblemente marginada. Hasta ahí, todo bien. La cosa se complica cuando el representante del Ministerio Público, respondiendo una inquietud de los periodistas, califica de «proactiva» la creciente participación de ciudadanos haitianos en esas «acciones detestables». ¿Qué habrá querido decir?