QUE SE DICE Maniobras políticas

A pesar de que el doctor Amable Aristy Castro, en su calidad de Secretario General de la Liga Municipal Dominicana, anunció hace hoy exactamente una semana que se devolvería a los ayuntamientos los equipos de los que fueron despojados por las gobernaciones provinciales, al día de hoy solo los cabildos de Higuey y Bonao han tenido la suerte de que les regresen lo que les fue arrebatado de tan mala forma. Lo que se está diciendo, cada vez con más insistencia, es que la medida tiene como telón de fondo un avieso propósito político, con el que se buscaría restar capacidad a todos esos ayuntamientos -se sabe de más de veinte municipios afectados- para cumplir con las expectativas de sus comunidades, lo que afectaría, según el simplista cálculo, las posibilidades electorales del Partido Revolucionario Dominicano, en control de la mayoría de los ayuntamientos del país. ¿Quiere eso decir que se estaría pensando en sacrificar a esas comunidades apelando a una mezquina y chapucera maniobra con la mira puesta en las elecciones congresionales y municipales del 2006? Cuesta creer que esas cosas puedan ocurrir en un partido fundado por el profesor Juan Bosch, pero como los tiempos, y también los peledeístas, han cambiado tanto, tal vez sea prudente plantearse la posibilidad de que pueda perpetrarse tamaña iniquidad.

A quien pueda interesar
Gracias a la resolución 016-04 evacuada por el Consejo Superior Policial, el máximo organismo de toma de decisiones de la Policía Nacional, a partir de ahora todo ciudadano o ciudadana que desee formar parte de esa institución deberá cumplir con una serie de requisitos, “sin exclusión de ninguna área o departamento”. Los nuevos aspirantes deberán tener, por lo menos, el título de bachiller debidamente oficializado por la Secretaría de Educación, someterse a una prueba anti-doping, pasar una evaluación que harán tanto un siquiatra como un sicólogo y, por si todo eso fuera poco, pasar por una rigurosa evaluación que permita determinar sus destrezas y habilidades y, más que nada, su vocación para servir y proteger a la sociedad de toda esa delincuencia que anda por ahí tan bien armada y dispuesta a cualquier cosa. ¡Y todo eso por la fabulosa suma de 3,300 pesos!

Desconocimiento
Aunque resulta obvio que un mes es demasiado poco tiempo para evaluar adecuadamente la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, tal y como planteara hace algunos días el doctor Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia, sí ha quedado evidenciado cuál será uno de los principales escollos a los que sus auspiciadores tendrán que enfrentarse: el desconocimiento general de la población sobre sus alcances, procedimientos y ámbitos de acción. Ese desconocimiento incluye, desde luego, a los funcionarios públicos, obligados por sus responsabilidades a conocer una herramienta jurídica con la que, hasta el momento, han tenido muy poca oportunidad de familiarizarse. El áspero enfrentamiento entre el Fiscal del Distrito Nacional, el doctor José Manuel Hernández Peguero, y el director de Aduanas, el licenciado Miguel Cocco, a causa del manejo que debió darse a la millonaria evasión fiscal en que habría incurrido Plaza Lama, es un ejemplo bastante ilustrativo de los inconvenientes que la falta de socialización del nuevo código puede llegar a provocar entre quienes administran la llamada cosa pública, pero también de todo lo que falta por hacer (¡zafa!) para que el invento funcione.