Es evidente que la Policía Nacional necesita, para poder cumplir a cabalidad con su deber, algo mas que un salario decente para sus agentes y oficiales superiores, o que se la dote de modernos equipos de radio-comunicación y transporte. El jefe de la institución, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, calcula en tres mil millones de pesos la inversión que habría que hacer para que la Policía cuente con cuarteles propios, adecuados a sus necesidades, pues la mayoría de los que tiene dispersos por toda la geografía nacional, 500 en total, o son alquilados a particulares o fueron una herencia del Partido Dominicano del Perínclito de San Cristóbal. Estamos hablando, desde luego, de palabras mayores, pues no se trata de una suma que se consiga de un día para otro, pero dado que el gobierno se ha mostrado tan generoso últimamente -invertir cerca de 800 millones de pesos en un hospital privado es una prueba sucifientemente elocuente de esa generosidad- no hay porqué dudar que esos chelitos finalmente aparecerán.

La soledad de Cocco

El dramático anuncio del Director General de Aduanas de que en lo adelante prescindirá del Ministerio Público, los jueces y los tribunales para perseguir y sancionar el contrabando y los contrabandistas, bajo el argumento de que el sistema judicial dominicano «está demasiado corrompido», no debe ser tomado a la ligera, como un exabrupto o un simple gesto de impotencia, sino como un llamado de atención sobre la forma en que se está aplicando el Código Procesal Penal, por lo menos en lo que se refiere a un delito con características tan peculiares como el contrabando. La orden de libertad emitida por una jueza de instrucción a favor de los acusados de introducir un millonario contrabando de whiskie, debido a que habían transcurrido las 48 horas que acuerda la ley para su sometimiento, ha sido el detonante de la decisión del licenciado Miguel Cocco, pero ha servido también para mostrarnos lo solo que está el funcionario en su desigual pleito con un enemigo tan poderoso.

Imitadores

Lo preocupante de la decisión del Director General de Aduanas, sin embargo, no es tan solo descubrir que la justicia dominicana sigue padeciendo de las mismas taras a pesar de las reformas y la aplicación de los nuevos códigos, sino que termine encontrando imitadores dispuestos también a prescindir de los sometimientos, los tribunales y demás procedimientos burocráticos. ¿Imaginan lo que ocurriría si la Policía Nacional, hastiada de ver cómo el Código Procesal Penal devuelve a las calles a los delincuentes, decide liquidarlos a tiros en lugar de perder su tiempo apresándolos y poniéndolos a disposición de la Justicia? Ese día inventarán los intercambios de disparos.