Desde hace siete años los vecinos de un parque acuático ubicado en la comunidad de Canabacoa, en Santiago, vienen sufriendo los efectos de la contaminación provocada por las aguas residuales del centro de diversión, hasta que un día -el martes de esta misma semana- dijeron ¡basta ya!, se organizaron y paralizaron todas las actividades productivas y docentes de la comunidad en protesta por una situación que decidieron no aguantar durante mas tiempo.

La protesta, como suele suceder en un país donde las autoridades no se dan por enteradas de los problemas hasta que no los ven en los periódicos, llamó la atención de la Policía Ambiental Regional Norte, de la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría de Medio Ambiente, que enviaron sus técnicos a realizar un experticio en el parque, que finalmente dispusieron cerrar hasta tanto sus propietarios resuelvan el problema de la disposición final de sus aguas residuales. Y colorín colorado…

Contradicciones

  Mientras Luis García, encargado de relaciones públicas de la secretaría de Educación, declara a El Nacional que técnicos de la cartera trabajan en la recolección de las pruebas que demostrarían en un tribunal que durante la gestión de la doctora Milagros Ortiz Bosch se produjeron irregularidades en la distribución de casi 300 mil raciones diarias del desayuno escolar, otro funcionario de esa dependencia, el subsecretario administrativo Fausto Mota, niega que se haya acusado a doña Milagros de haber sustraído esas raciones, haciendo particular énfasis en que jamás se ha puesto en entredicho la honradez de la ex Vicepresidenta de la República. Son dos sonidos, muy distintos, de una misma campana, disonancia que bien puede interpretarse -a menos que doña Alejandrina coja otra cuerda- como una señal de que en Educación no parecen muy decididos a seguir adelante con un asunto tan engorroso y poco edificante.

En defensa del Código

  El Procurador General de la República, el doctor Radhamés Jiménez, admitió las dificultades que enfrenta el Ministerio Público en la recolección de las pruebas que permitan sustentar adecuadamente los expedientes acusatorios, que atribuyó a “las debilidades de una normativa que se ha constituído en limitante”, pero aseguró que se trabaja en el fortalecimiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses a fin de convertirlo en un auxiliar eficaz en las investigaciones criminales, así como en la especialización y capacitación de los fiscales. Jiménez se mostró sin embargo en desacuerdo con el mayor general Bernardo Santana Páez cuando califica al Código Procesal Penal como un obstáculo en la persecución de la criminalidad, a pesar de que el jefe de la Policía Nacional solo ha dicho en voz alta lo que todo el mundo comenta por lo bajo en los corrillos de la justicia. Es como si el Procurador, en su afán de opacar el deslumbrante brillo del sol con tan solo un dedo, dijera: usted tiene razón, general, pero no tanta.